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jueves, 5 de mayo de 2011

Cómo es el nuevo mapa de la seguridad en la ciudad después del retiro de la Federal

Cómo es el nuevo mapa de la seguridad en la ciudad después del retiro de la Federal

Luego de que Garré pusiera fin a los adicionales de la policía en los edificios públicos, la Metropolitana cubrió los puestos en las comunas en las que está patrullando; la vigilancia privada, un actor que podría cobrar más protagonismo

Jueves 05 de mayo de 2011 | 08:30 (actualizado a las 12:52)
Cómo es el nuevo mapa de la seguridad en la ciudad después del retiro de la Federal
Foto Archivo

Por Sol Amaya y Valeria Vera
De la Redacción de lanacion.com
mamaya@lanacion.com.ar; vvera@lanacion.com.ar
@msolamaya | @verava

Tal como se había anunciado hace un mes, mañana rescinde definitivamente el contrato que la ciudad mantenía con la Policía Federal para la vigilancia de los edificios públicos porteños.

Desde que se dio a conocer el fin de este servicio, y el gobierno nacional procedió a retirar a los efectivos que custodiaban hospitales y otras dependencias, se generó una polémica que derivó en un nuevo enfrentamiento entre funcionarios de la ciudad y la Nación en torno a quién debería responsabilizarse por la seguridad de los porteños.

El debate instaló, entre otras cuestiones, varios interrogantes acerca de cómo quedaría planteado el "nuevo mapa" de la custodia, y cuáles serían las funciones y áreas de injerencia de cada cuerpo.

Según informó a lanacion.com Eugenio Burzaco, jefe de la Policía Metropolitana, en las comunas donde ya está trabajando esta fuerza (la 12 y la 15), los edificios públicos comenzaron a ser vigilados por sus agentes. En tanto, en aquellas zonas donde aún no patrulla la Metropolitana, los puestos que dejó la Federal fueron cubiertos por vigilancia privada.

"Tratamos de multiplicar nuestro esfuerzo, pero dos mil policías no pueden hacer lo que hacen los 28.000 que tiene la Federal", destacó.

Si bien la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, aseguró que los federales custodiarían las calles en los edificios públicos pese a la rescisión del contrato que mantenía con la ciudad, el titular de la fuerza porteña consideró que esta disposición no es suficiente: "Los problemas más graves, en el caso de los hospitales, ocurren dentro de las guardias. Es necesario personal policial en el interior de los edificios para actuar en estas situaciones".



En este panorama tan convulsionado aparece un tercer agente que podría llegar a cobrar más protagonismo, al menos para colaborar con la prevención en los puntos donde fueron retirados los policías federales.

Se trata de los vigilantes de empresas privadas, que se calcula son alrededor de 38.000. Su función es esencialmente preventiva y disuasiva ya que, por lo general, no portan armas de fuego. Sólo un 6% de ellos cuenta con una autorización del Registro Nacional de Armas (Renar) para llevar consigo revólveres o pistolas calibre 32 y 38. Fundamentalmente, son los agentes destinados al custodio de valores, personas y/o mercaderías en tránsito.

La vigilancia privada ya venía prestando servicio en algunos centros de salud porteños. "Desde que se dio a conocer el retiro de la Federal de los edificios públicos, hubo un aumento de seguridad privada, aunque no fue importante cuantitativamente. Se crearon aproximadamente unos 60 nuevos puestos de trabajo, cubiertos con empresas que ya estaban prestando servicios para la ciudad", señaló a lanacion.com Aquiles Gorini, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada (Caesi), que agrupa al 90% de las empresas de este rubro en el país.

"En el caso puntual de los hospitales, los policías no pueden desaparecer definitivamente porque las guardias pueden llegar a presentar situaciones muy peligrosas", advirtió Gorini. En tanto, sostuvo que "de ninguna manera" la vigilancia privada puede suplir a la pública. "La seguridad es responsabilidad del Estado. Nuestro sector sólo sirve para reforzar y colaborar fundamentalmente con la prevención de delitos", enfatizó.

Un plan para apoyar a la Metropolitana

Ajeno a la discusión sobre seguridad que todavía resuena en la arena política, avanza por estos días en la ciudad la implementación de un acuerdo previo firmado entre el gobierno porteño y Caesi.

Se trata de un convenio que suscribieron el 12 de enero pasado ambas partes para reforzar la prevención de los delitos en la vía pública y contribuir con la tarea que hoy desempeña la Policía Metropolitana en las comunas 12 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra) y 15 (Agronomía, Villa Ortúzar, La Paternal, Parque Chas, Chacarita y Villa Crespo).

Si todo resulta como está previsto, en el corto plazo podrían sumarse al plan las comunas 4 y 8, en paralelo al crecimiento proyectado para esa fuerza porteña. Por ahora, advirtieron las autoridades locales, la iniciativa representa sólo una prueba piloto.

Unos 5000 vigiladores -de los 38.000 que prestan servicio regularmente en edificios, bancos, sinagogas y comercios de la Capital Federal- fueron capacitados durante los meses de marzo y abril para contribuir con alertas a la Metropolitana en la detección de situaciones sospechosas en la vía pública.

Los efectivos tendrán a su disposición un celular o handy en el que deberán pulsar el botón "SOS" para dar aviso al Centro Unico de Comando y Control (CUCC), organismo que concentra todas las comunicaciones relacionadas con emergencias y delitos en la Capital. Actualmente, los dispositivos están siendo controlados por personal de la Dirección de Fiscalización Aduanera antes de ser distribuidos entre los vigiladores.

"Que la seguridad sea algo indelegable no quiere decir que los porteños no puedan colaborar para vivir mejor", declaró en este sentido el ministro de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, en el marco de la firma del acuerdo. "Tampoco significa que el Estado delega su responsabilidad en los privados. La idea es participar solidariamente en el problema del otro y ayudar en la seguridad", indicó.

Consultado sobre la implementación del acuerdo, Gorini, subrayó a lanacion.com que el proyecto nació en respuesta a un axioma que siguen países como Estados Unidos, Canadá, Chile, España e Inglaterra, que habla de considerar a "la seguridad privada como privada y, a la vez, como una cuestión de interés público".

Reconoció a este medio que la Cámara busca desde hace tiempo incentivar una política de integración, unificando criterios de seguridad pública y privada, algo que va más allá de la puja que instaló el polémico retiro de la custodia policial de las dependencias porteñas. "Caesi se mantiene al margen de esta disputa de orden político. El convenio sigue tal como se firmó en el verano", apuntó.

En un futuro cercano este proyecto para colaborar con la Metropolitana intentará incorporar a otros sectores, como los taxistas, colectiveros, canillitas, encargados de edificios, quiosqueros y recolectores de basura.



Más monitoreo en la ciudad

En otro orden de cosas y pese a las pocas instancias de diálogo que se abrieron entre los gobiernos porteño y nacional, Garré anticipó que reforzará el monitoreo público en la ciudad con la instalación de dispositivos.


Lo hizo en respuesta al llamado de la presidenta Cristina Kirchner para "articular competencias" entre la Policía y la Metropolitana en medio de los cambios impulsados.


Fuentes oficiales de esa cartera precisaron a lanacion.com que si bien la Policía Federal mantendrá el acceso a las 800 cámaras porteñas que tenía hasta ahora, además controlará unas 320 cámaras propias que sumará a la red y que permanecerán bajo la jurisdicción de las 53 comisarías de la metrópoli.


Según comentaron, todavía resta concretar un encuentro entre los ministerios porteño y nacional para delimitar las zonas en las que funcionarán. "Ese fue uno de los compromisos que asumió Montenegro en las pocas instancias de diálogo que tuvimos", confiaron a este medio.


Por otro lado, adelantaron, que de acá a dos meses, también se colocarán domos de vigilancia en aproximadamente 200 patrulleros.


Estas medidas forman parte de los nuevos ejes de la política del Ministerio de Seguridad Nacional que se traducen en más policías en la calle, nueva tecnología y control comunitario de las comisarías.


FUENTE: LA NACION

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