SERVIR Y PROTEGER

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"Tiempo que pasa, verdad que huye" Edmond Locard (1877 - 1966)

lunes, 31 de enero de 2011

ESTADO DE DERECHO, FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL


ESTADO DE DERECHO, FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL

El ESTADO DE DERECHO es aquel Estado en donde sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un derecho vigente en lo que se conoce como un ESTADO DE DERECHO FORMAL.

Él “estado de derecho” se crea y existe cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden..

El Estado de Derecho se construye partiendo de que toda sociedad política ha de vivir dentro de un ordenamiento jurídico, es decir, bajo idea jurídica de la sociedad política,

El Estado de Derecho se opone así a “cualquier sociedad política” que, aun disponiendo, desde luego, de algún tipo de ordenamiento jurídico (de un estado de Estado de Derecho, en sentido débil), no está plenamente «juridificada», esto es cuando sectores importantes de la vida política se desenvuelven al margen de las normas jurídicas; cuando existen, en la sociedad política, espacios vacíos de derecho, o zonas vírgenes, no colonizadas jurídicamente, y, por tanto, no sometidas a la esfera del ordenamiento legal.

Principios Generales del Estado de Derecho:

El estado de derecho debe cumplir una serie de normas:

Ley como mandato fundamental. Sobre Estado de Derecho implica el sometimiento de todos a la Ley; por tanto y sobre todo las autoridades que gobiernan.

Derechos y Libertades fundamentales garantizados. Cuando están especificados en la norma máxima, “Constitución del Estado” y quedan reconocidos y garantizados en un Estado de Derecho.

La Administración limitada y sujeta por la Ley. Se divide en dos cuerpos; el Gobierno de la Nación y la Administración como elemento no político compuesto por los funcionarios que la integran.

Separación de los Poderes del Estado. Los tres poderes fundamentales son:

· Poder Legislativo.

· Poder Ejecutivo

· Poder Judicial

Estado de derecho y Constitución

El marco legal de este sistema liberal-democrático de instituciones es la Constitución. Las constituciones se han convertido y son la ley suprema de las sociedades modernas. Pero esta supremacía sólo puede ser legítima si expresa los principios fundamentales del Estado de derecho. Como ha señalado Hayek:

“[es] seguramente más oportuno considerar las Constituciones como superestructuras levantadas al objeto de garantizar el mantenimiento del Estado de derecho que, como suele hacerse, atribuirles la categoría de fuente de todas las demás leyes”.

Sin embargo, las constituciones son fuente de las demás leyes, y son en sí mismas, el elemento de vinculación de la experiencia moral y política de las sociedades con su experiencia de codificación racional de las leyes. Las constituciones expresan los valores socialmente compartidos que existen fundamentalmente como patrimonio moral y político de una comunidad.

Las constituciones no originan el “Estado de derecho”, sino que son más bien su expresión y plasmación codificada. La legalidad a la que sus principios dan lugar es una legalidad que ha sido aceptada como valor compartido por la ciudadanía y cuyos principios provienen de las luchas, acuerdos y equilibrios resultantes de la interacción de los sujetos políticos. Por tanto, una vez que una constitución ha sido establecida y su aceptación se ha generalizado, sus ordenamientos tienen una obligatoriedad que no posee ninguna norma moral o práctica política.

La doctrina del Estado de derecho exige que el principio que inspire toda acción estatal consista en la subordinación de todo “poder” al derecho. Pero esta subordinación sólo es posible gracias al proceso histórico de «constitucionalización» de las normas limitantes del poder político. Por ello, el llamado «constitucionalismo» moderno es inseparable de los fundamentos ético-políticos del Estado de derecho. Los principios constitucionales desempeñan funciones distintas según la perspectiva con que se les contemple. Cuando un juez imparte justicia recurriendo a las normas vigentes en la sociedad, se dice que actúa “sub lege” (según leyes establecidas); éste es el aspecto funcional del Estado de derecho y, por cierto, el que tomado de manera aislada conduce a la ilusión positivista de la plena autonomía de las leyes. Pero cuando un legislador participa en la definición de los principios constitucionales que habrán de valer como normas generales de justicia para la sociedad, se dice que actúa “per lege” (promulgando leyes). En el primer sentido, una Constitución se opone a la costumbre y la arbitrariedad como normas colectivas y establece principios generales y abstractos; en el segundo, una Constitución expresa el principio de soberanía ciudadana como fuente del derecho en oposición al despotismo.

Por tanto, la democracia es el principio legitimador de la Constitución, entendida ésta no sólo como forma política histórica, sino sobre todo, como forma jurídica específica, de tal manera que sólo a través de ese principio legitimador la Constitución adquiere su singular condición normativa, ya que es la democracia la que presta a la Constitución una determinada cualidad jurídica, en la que validez y legitimidad resultan enlazadas.

La democracia como método de elección de gobernantes no se limita, entonces, a regular el cambio sistemático y pacífico de quienes ejercen el gobierno representativo, sino que, entre otros resultados, permite la institucionalización jurídica de los principios y valores políticos democráticos.

Las constituciones, por tanto, son un resultado de debates, luchas y cambios sociales, han podido en nuestra época convertirse también en recursos para plantear demandas políticas y definir las estrategias de los grupos políticos bajo un horizonte democrático.

¿ Y EL ESTADO DE DERECHO Y ESTABILIDAD JURIDICA

PARA LOS MILITARES Y POLICÍAS?

Por todo lo señalado y en definitiva podemos preguntamos, ¿qué es el “estado de derecho”?, y a la vez nos respondemos, es la situación por la cual en un país se vive de acuerdo a la constitucionalidad y legalidad y ésta genera por tanto la existencia de “estabilidad jurídica”, por lo cual se garantiza la vigencia del sistema democrático y más aún, porque las reglas de juego son permanentes en el tiempo y por tanto existe una absoluta estabilidad social, económica y política.

En esta situación, las inversiones nacionales o extranjeras concurren para el desarrollo a ese país con facilidad, confiabilidad y credibilidad en la seguridad y permanencia legal porque están garantizadas.

Del mismo modo, cuando existe verdaderamente este “estado de derecho”, los actores sociales, internos y externos confían en el “estado de derecho” del mencionado país y arriesgan económicamente, como también entregan su participación personal, con su vida al servicio de dicho país, porque confían en su estabilidad jurídica y seguridad legal y dentro de ella, también la laboral.

Es aquí, que los inversionistas no dudan y colocan sus capitales para generar riqueza, tanto a favor de sus trabajadores, del estado, de la sociedad, como de ellos mismos, desarrollando empresas de todo tipo y podríamos decir que a “mayor seguridad y estabilidad jurídica, mayor inversión en los países”.

Del mismo modo, los actores sociales a mayor estabilidad y seguridad jurídica en dicho país, se comprometen entregando su vida al servicio de dicho Estado, pues confían que las reglas de juego no van a cambiar y por tanto, se va a mantener el “estado de derecho” para ellos, más aún si se encuentran dentro del verdadero y real sistema democrático.

Dentro de los actores sociales de dicho país, están los militares y policías, quienes confiando en el “estado de derecho” que rige su situación institucional dentro del mencionado país, entregan sus vidas al servicio de la patria, más aún ingresan arriesgando su propio ser y se incorporan a las Instituciones Tutelares de la Patria, por la estabilidad jurídica que existe en ellas ya que como Instituciones Tutelares son responsables de garantizar la vigencia histórica de dicho país, en términos de independencia, soberanía, orden, paz y seguridad; por tanto, de autonomía, estabilidad y permanencia.

Pero, si a dichas “Instituciones Tutelares de la Patria”, que son las bases fundamentales de dicho país, es soporte y garantía del desarrollo, la defensa nacional y el orden interno, le cambian las reglas de juego o sea las leyes que garantizan su vigencia como Instituciones Tutelares, que las constituyen los militares y policías, se está atentando contra el “estado de derecho” de las propias Instituciones Tutelares que garantizan el sistema democrático y por tanto, se podría preguntar: si esto hacen o pretenden hacer con las “Instituciones Tutelares del Estado”, en donde estaría ya funcionando un “estado autoritario” y por tanto no democrático, ¿qué de menos puede pasar con las otras organizaciones del Estado, así como con las empresas o instituciones privadas en general?.

El grado de credibilidad y confiabilidad en dicho país, se terminaría y los inversionistas estarían muy atentos, como lo estuvieron cuando se quiso cambiar las reglas de juego del “sistema bancario en la década de los ochenta en dicho país”.

Por todo lo dicho, y frente a la situación pragmática que hoy atraviesan los integrantes de las FUERZAS DEL ORDEN, llámense militares o policías y que defendieron a la sociedad y al país contra los delincuentes terroristas y que posibilitan la bonanza económica que hoy existe en el país, se encuentran con la moral casi destruida, porque el “ESTADO DE DERECHO” y por tanto, la “ESTABILIDAD JURÍDICA” que les corresponde, no están siendo garantizados por el Gobierno, pese a constituir ellos y solo ellos, las INSTITUCIONES TUTELARES DEL PERÚ.

Por todo lo dicho se colige que la estabilidad jurídica es la base fundamental de los países y por tanto de las instituciones y asimismo ésta genera y garantiza el verdadero ESTADO DE DERECHO para todos los ciudadanos, así como para las instituciones del país.

En consecuencia, la estabilidad jurídica de las instituciones y por tanto del personal que las conforman son la garantía de eficiencia, eficacia y oportunidad en el cumplimiento de su finalidad constitucional.

Es por ello, que podemos afirmar que la “estabilidad jurídica” y el “estado de derecho” de las instituciones es:

1. Garantía de personalidad histórica, de desarrollo y modernidad de las instituciones.

2. Garantía de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus misiones.

3. Garantía de una mejor y permanente calificación profesional

4. Garantía de una sólida moral, fortalecida por su seguridad social en ella.

5. Garantía de una positiva conducta profesional y funcional.

6. Garantía de la propia existencia institucional.

7. Garantía de la solidez organizacional, generando ser respetada y respetable

8. Garantía de proyección institucional y de acelerado desarrollo en el tiempo.

9. Garantía de una verdadera defensa de los derechos y libertades ciudadanos y de los derechos humanos.

10. Garantía de la defensa de los valores y principios democráticos.

11. Garantía de una imagen positiva de sus instituciones y en este especial caso de las Instituciones Tutelares de la Patria

12. Garantía de cooperación y colaboración con otras organizaciones similares extranjeras por defender valores y principios sociales.

13. Garantía de fortalecimiento en el desarrollo, la seguridad y la defensa nacional

14. Garantía de defensa de la sociedad en forma integral y permanente.

15. Garantía y éxito en la lucha contra los fenómenos sociales negativos, llámese tráfico ilícito de drogas, terrorismo, narcoterrorismo o delincuencia organizada.

16. Garantía de orden, paz y seguridad ciudadana en el país.

17. Por tanto, garantía de independencia, soberanía y orden interno en el país.

General PNP ( r )

JOSE NAPOLEON RIVAS RODRIGUEZ

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