SERVIR Y PROTEGER

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"Tiempo que pasa, verdad que huye" Edmond Locard (1877 - 1966)

sábado, 29 de enero de 2011

EL COMERCIO DE DROGAS ILEGALES EN MÉXICO: Los Zetas: de narcos a mafiosos

De mafiosos y narcos

Para el común de los mortales mafioso y narco vienen a ser la misma cosa: un individuo que lucra en la ilegalidad. Pero ambos términos difieren en un aspecto fundamental: la mercancía con la que se enriquecen quienes la manejan. El narco compra y vende drogas ilegales. El mafioso produce inteligencia y vende protección a clientes. En el mundo real la distancia entre ambos mundos puede no ser tan nítida. En ocasiones los narcos venden protección y no son pocos los mafiosos que intercambian drogas. Pero el producto de cada grupo principal permanece inalterado. La eventualidad de que tanto narcos como mafiosos secuestren no les convierte automáticamente en secuestradores sino que es un subproducto de su actividad nuclear. Lo que diferencia a los mafiosos de otros tipos de protectores es su capacidad para evitar la intromisión indeseada de terceros actores, ya sean públicos o privados, prestando sus servicios desde una esfera primordialmente privada[1].* La Mafia es, sobre todo, la industria, o el cártel de manera más estricta, de la protección privada.

En todo el mundo, la legislación o su derivada, la carencia de mecanismos legítimos para obligar a su cumplimiento, es el ámbito primigenio de creación de mercados de protección. En estos mercados abiertos por la legislación se han asentado grupos e individuos dedicados a proporcionar servicios de protección. Lo característico de la industria de la protección en el México pos-revolucionario ha sido que su funcionamiento ha estado acotado a los funcionarios públicos o a quienes éstos otorgaban una licencia de protección. Los agentes privados, incluidos los narcos, no han sido capaces de asentarse en los mercados de la protección sin la cobertura estatal. En sentido contrario, algunos actores públicos en México han ejercido a un tiempo la protección a narcos y han sido narcos ellos mismos. Otros fueron protectores primero y narcos después. La nómina de la Dirección Federal de Seguridad es prolija en ejemplos, comenzando por los dos que más alto llegaron en el mundo de la compra-venta de drogas, Rafael Chao López y Rafael Aguilar Guajardo.

Frente a esta historia de separación entre protectores, casi exclusivamente públicos, y narcos, donde convivían agentes públicos y privados, un elemento nuevo aparece en el mundo de las drogas en México. En Nuevo Laredo, en el estado norteño de Tamaulipas, unos narcos han dado un salto nunca antes visto y se han convertido en mafiosos verdaderos, ejerciendo su actividad desde la esfera exclusivamente privada, en confrontación con el monopolio de la violenta estatal. Esta circunstancia añade varios grados de peligrosidad al asunto de las drogas en México y embarca al país en un sendero ya bastante conocida en otros países. La transformación de los narcos de las favelas de Río de Janeiro en mafiosos y la dinámica general de la Colombia post-Pablo Escobar son los referentes más cercanos del peligro de la conversión. ¿Qué ha ocurrido para que unos narcos hayan encontrado esta ventana de oportunidad, y se hayan adentrado a un negocio mucho más territorial y, en el largo plazo, más peligroso para la estabilidad estatal?

Los Zetas: su primera transición

La de Los Zetas no es la historia clásica de una privatización de la industria de la protección. Los Zetas no pasaron de ejercer la protección desde instancias públicas a hacerlo de manera privada. Su trayectoria vital ha sido bastante más compleja. Tampoco puede decirse que Los Zetas hayan sido unos narcos en sentido estricto. Aunque realizaron algunas transacciones con drogas por cuenta propia, su función dentro de una organización empresarial de drogas no era la de comprar y vender sustancias ilegales. Sólo su acceso fácil a la mercancía les permitía realizar operaciones de escala menor. Pero su desconocimiento de grandes clientes y proveedores, de la infraestructura en general, les impidió convertirse en una empresa autónoma de drogas, unos narcos en toda regla.

Los Zetas fueron, sobre todo, una cooperativa de la violencia. En principio prestaban sus servicios al estado. Formaron parte de los grupos especializados del ejército. Entre 1999 y 2000, en diversas tandas, cambiaron de cliente y pasaron a vender sus servicios a un empresario privado de drogas, Osiel Cárdenas Guillén. En otras palabras, privatizaron su clientela. No había muchas diferencias entre el tipo de servicios que prestaron primero para el estado y más tarde para Cárdenas Guillén.

Aparte de la naturaleza del servicio, otra circunstancia permaneció constante más allá del tránsito de la actividad pública a la privada. A lo largo del tiempo siempre estuvieron sujetos a un solo cliente, lo que a la postre le dio un cierto sentido de patronazgo y los asimilaba a la organización que les pagaba.

El monopsonio, monopolio de demanda, al que se sometieron involuntariamente Los Zetas tiene múltiples inconvenientes. El principal es que la fuente de ingresos de toda la organización depende de las decisiones de un tercero, que tiene la capacidad de fijar la cantidad y el precio de venta de los servicios producidos. Primero fueron los militares quienes les ordenaban realizar discrecionalmente los operativos de captura de empresarios de drogas. El estado les pagaba por esta actividad según las tarifas oficiales sin posibilidad de negociar sus emolumentos. Una vez en el ámbito de la empresa privada, Cárdenas Guillén contrataba a los desertores según sus necesidades para ejecutar tareas relativas a la violencia que eran colaterales para su actividad de compra-venta de drogas. En lo que se refiere al núcleo principal del negocio de la empresa de Cárdenas Guillén, su tarea se limita a intimidar, y en su caso asesinar, a deudores y minimizar las deserciones dentro de la propia organización.

Pero los límites de la violencia nunca son tan estrictos y también ejecutaban su violencia en ámbitos no puramente empresariales, aunque siempre a cuenta de Cárdenas Guillén.

Los Zetas: la segunda transición

Los inconvenientes de este monopsonio los percibieron en toda su intensidad Los Zetas en marzo de 2003 a raíz de la detención de Cárdenas Guillén. Sin patrón que exprimiese su especialización y desprendidos de raíz del grueso de los ingresos, Los Zetas debieron buscarse alguna alternativa.

Podrían haberla encontrado prestando sus servicios para quien o quienes hubiesen recreado la infraestructura de comercio de drogas abandonada por Cárdenas Guillén. Pero, por una parte, las oportunidades de negocio son escasas y, por otra, el nexo de unión de Los Zetas con el mundo de las drogas se reducía casi exclusivamente a su relación con Cárdenas Guillén.

Fuera de las drogas encontraron un ámbito que ya conocían. Estaba igualmente referido a su ámbito de especialización: el ejercicio de la violencia y, su complemento, la intimidación. Su reacción estratégica a la pérdida del patrón fue una intensificación de una actividad que les había proporcionado ingresos marginales desde 2001. Aceleraron el ritmo de recaudación de impuestos entre pequeños delincuentes de Nuevo Laredo. Una nueva remesa de requerimientos fiscales fue recibida por un grupo cada vez más extenso de individuos y grupos que se mueven en el terreno de la ilegalidad: desde transportistas y pequeños vendedores de drogas hasta apostadores ilegales, prostíbulos y contrabandistas de todo pelaje. El cambio de actividad fue coronado por el éxito. Su prestigio como prestadores de servicios de violencia les abrió muchas puertas. El asesinato de siete miembros de una banda rival en abril de 2003 fue el anuncio más espectacular en el sentido comercial de expandir su mensaje de protección, su imagen de protectores de gran alcance capaces de ejercer la violencia de la cual se afirman protectores. Por si acaso, y dado que la protección es un negocio que requiere una negociación continuada para afirmar la necesidad de la protección a los ojos de los clientes, algunos que no respetaron su celebridad fueron secuestrados e incluso asesinados.

Pero su entrada en el mercado de la protección no iba a resultar gratuita, en gran medida porque era un campo que no se encontraba libre. Los Zetas entraron en conflicto con los policías municipales, aduanales y estatales, que dominaban el negocio de la protección. Éste ha sido precisamente el patrón habitual en la historia reciente de México. Aunque no exento de conflicto conflictos, su buen manejo de la violencia, incluyendo el secuestro de agentes aduanales y el asesinato de policías municipales, les ha granjeado un resultado

positivo en forma de un esquema mixto de reparto funcional.

En las áreas de actuación de Los Zetas no sólo es que los policías se abstengan de intervenir sino que existen puntos de apoyo y cooperación. En febrero de 2003, una discusión entre miembros de Los Zetas y Los Texas sin relación con sus respectivas actividades económicas termina en un tiroteo. Los Zetas abandonan el lugar de los hechos protegidos por elementos de la Policía Municipal.

Sus relaciones con los organismos federales son menos fluidas y bordean entre la confrontación directa, como con los militares, y el temor, como en el caso de los agentes migratorios.

Pero la reciente escalada de la protección de Los Zetas no acabó en el ámbito de la ilegalidad. Comenzaron por vender protección en actividades notoriamente ilegales, como la venta de drogas o el contrabando, y continuaron en rubros cuya catalogación legal es cuanto menos difusa, como las salas de masajes y los bares, sometidos a cuantiosos y jugosos controles. El último paso ha sido el más reciente: la venta de protección a negocios legales, en especial los vendedores de autos. La inmovilidad física de los negocios facilita su trabajo. Los hace presas fáciles para las represalias.

Los porqués de la transición

Esta sucesión de eventos presenta algunas debilidades conceptuales. La primera: ¿por qué no continuaron en la actividad que le proporcionó tan jugosos beneficios a su antiguo jefe, el comercio de drogas ilegales, en lugar en introducirse en un ámbito, como la venta de protección privada, con una productividad laboral sensiblemente inferior? La respuesta está en una combinación de las circunstancias actuales de la industria y de las propias de la organización. El mercado de la exportación de drogas en México está en declive, sobre todo en el área que proporciona mayores dividendos para la inversión: la exportación de cocaína. Las nuevas oportunidades son escasas. Las detenciones de líderes de grandes empresas simplemente reajustan el tamaño del mercado al número óptimo de actores privados.

Para cerrar el círculo de imposibilidad, en este ocaso prolongado del mercado, Los Zetas carecían del principal activo para manejarse en la industria: el capital relacional. Dentro del ámbito del narco, Los Zetas actuaron meramente como especialistas en el ejercicio de la violencia. Aunque su relación superaba con Cárdenas Guillén superaba lo puramente laboral y se asemejaba a la amistad, Los Zetas nunca adquirieron el know how de la industria. Esta ignorancia se debe a una combinación de desconexión con el núcleo central de la empresa, la infraestructura de compra y venta, de almacenaje y transporte, y por la comprensible protección de Cárdenas Guillén. Una empresa de drogas es tan valiosa como sus contactos. Descubrirlos, incluso a los más cercanos colaboradores, implica someter a altos grados de vulnerabilidad a la empresa y a su liderazgo. Cárdenas Guillén no fue en su momento tan torpe de revelar estos aspectos fundamentales de la empresa a quienes contaban con la tecnología y el capital humano suficiente para descabalgarle violentamente de su fuente de ingresos. En conclusión, Los Zetas no pudieron suceder a Cárdenas Guillén en la empresa simplemente porque desconocían los mecanismos básicos de su operación. El trono de Cárdenas Guillén en la industria de las drogas quedó vacante y tardará años en reconstruirse, si es que llega a ello. Es una evolución clásica en la industria: las empresas de drogas difícilmente sobreviven al arresto o fallecimiento de su líder. La razón es que la acumulación de capital relacional la monopoliza ese jerifalte, que se lleva a la tumba a la cárcel ese capital sin el cual es imposible recrear la empresa.

Pero, si las circunstancias en el mercado de las drogas no les son favorables, existen otros muchos ámbitos de la actividad ilegal que podrían explorarse sin necesidad de recurrir a la protección. Otros miembros de productos de violencia al servicio de empresas de droga ya los han explorado. En el otro punto de la frontera, Lino Portillo Cabanillas, después de cuatro años como escolta para el empresario de drogas Benjamín Arellano Félix, se pasó al negocio del secuestro con cierto éxito. Marco Arturo Quiñónez Sánchez siguió el mismo sendero: de asesino a sueldo para los Arellano Félix se recreó para ejercer el secuestro por su cuenta. Dentro de los organismos policiales también se han producido multitud de cambios de roles debido a la decadencia del mercado de las drogas. Durante la actual administración el principal negocio ilegal dentro de la Procuraduría General de la República no ha sido la venta de protección a los comerciantes de drogas, como en las dos anteriores, sino en el secuestro. El sonado caso de la delegación en Tijuana de la Fiscalía Especialización para la Atención a Delitos contra la Salud, con el secuestro de dos comerciantes de drogas y la propia droga en enero de 2003, ha sido complementado con varias decenas más de agentes detenidos en las mismas actividades.

La respuesta del salto cualitativo de Los Zetas está unida a una circunstancia bipolar: por una parte, la conjunción de una demanda y una oferta muy específicas y, por otra, una estrategia empresarial así concebida. En cuanto a este último aspecto, las circunstancias que hay llevado a Los Zetas ha realizar esta integración vertical del negocio permanecen oscuras. Pero en la conjunción de una oferta y demanda concretas de protección, la situación se asemeja a la que dio origen a la Mafia en Sicilia en el siglo XIX. Del lado de la oferta se encuentran Los Zetas, que son capaces de garantizar la protección a través de una bien demostrada y engrasada habilidad para producir violencia e información.

Lo que diferencia a Los Zetas de Portillo Cabanillas, de Quiñonez Sánchez y de muchos otros ex policías federales es, como bien señala el periodista Jesús Blancornelas, que a éstos últimos les faltó organización y mano de obra: la mucha mano de obra que requiere la acumulación de información necesaria para poner en práctica una eficaz empresa de protección. Frente a grupos de violencia en desbandada actuando en pequeños grupos que dejaron los Arellano Félix, Los Zetas mantuvieron una buena cohesión interna que incluyó sobrevivió a su jefe. La transferencia de poder del ex militar Arturo Guzmán Decena hacia Jesús Enrique Rejón Águila ha sido aterciopelada, en buena medida porque, a diferencia de lo que ocurre con los empresarios de drogas, el ejercicio de la violencia es un conocimiento bastante generalista. El liderazgo se basa en otro tipo de capital humano.

Frente al capital relacional que requieren los exitosos industriales de la droga, la industria la violencia demanda de sus líderes el prestigio a los ojos de sus subordinados, un prestigio que es reemplazable con cierta facilidad.

Del otro lado de la transacción financiera que implica la protección se sitúa un tejido empresarial sometido a grandes niveles de expropiación de parte de pequeñas y medianas pandillas. En este contexto, lo que otorga Los Zetas puede asimilarse a primera vista a la extorsión, pero va más allá y representa un servicio en toda regla para sus clientes. Los libera del acoso de los pequeños delincuentes, y también de los policías, en un mundo en el que los derechos de propiedad están muy débilmente protegidos por las autoridades públicas. En Nuevo Laredo existe una inflación bastante infrecuente de bandas que interfieren en el normal discurrir de la actividad productiva legal e ilegal.

Entre las de mayor tamaño están Los Texas, Los Chachos, Los Ortiz Medina, Los Flores Soto y Mexican Mafia, con relaciones fluidas – en el sentido de variables, de confrontación o cooperación – entre sí y con los propios Zetas. El pago de la contribución actúa, por tanto, al modo de seguro frente a los robos y la extorsión de esta pléyade de pequeños delincuentes y policías. Pero la protección ofrecida por Los Zetas va más allá: las cuotas pagadas suponen una restricción a la entrada de actores en el mercado en el que actúan los clientes, lo cual eleva en el corto plazo los beneficios.

Muchos competidores se amilanan ante la presencia de este nuevo impuesto y cierran lo cual erosiona la competencia en mercados, como la venta de automóviles, ya previamente saturados, mejorando la situación financiera de los que permanecen bajo la protección.

¿Por qué Nuevo Laredo?

La segunda pregunta sin responder al respecto de la transición de Los Zetas es por qué se crea un mercado privado de protección en Nuevo Laredo y no en otras ciudades de Tamaulipas. Mientras Los Zetas habían estado al servicio de Cárdenas Guillén habían operado en muchas localidades de dicho estado y con particular intensidad en Matamoros. Matamoros era considera la sede central de la empresa de Cárdenas Guillén. Y fue la ciudad que dio carta de naturaleza al nacimiento de Los Zetas con ese nombre. El restaurante en el que fue asesinado Guzmán Decena en noviembre de 2002 fue adornado tres meses después por una corona fúnebre y cuatro arreglos florales con la leyenda “Te llevaremos siempre en el corazón: de tu familia de Los Zetas”. El apelativo deriva del propio Guzmán Decena, identificado como Z-1, en una derivación de la jerga policial en la que la letra zeta asociada a un número se traduce por el comandante. En su momento, las ofrendas fueron retiradas por militares y policías federales, no precisamente con respeto sino pateándolas.

En principio, por tanto, Matamoros contaba con todos los números para ser el territorio que vislumbrase el cambio de actividad de Los Zetas. Sin embargo, existe un inconveniente fundamental. La presencia de fuerzas militares en Matamoros es máxima, significativamente mayor que en Nuevo Laredo. Esta circunstancia fue crucial a la hora de escoger la base de operaciones de la emergente industria de la protección. Los Zetas tenían una historia de enfrentamientos con los militares mientras estaban al servicio de Cárdenas Guillén y, además, son víctimas de la inquina propia que la institución militar reserva a los desertores. Si los inconvenientes de Matamoros producen alergia, las ventajas económicas son sustanciales para Nuevo Laredo. El tráfico transfronterizo de mercancías legales e ilegales a las que parasitar, proteger o extorsionar es muy superior en Nuevo Laredo al registrado en cualquier ciudad alternativa de la frontera nordeste de México. Aunque posiblemente ambas circunstancias sean una racionalización excesiva de decisiones que a menudo son menos premeditadas, una combinación de ventajas económicas e inconvenientes de la mejor disposición alternativa condujeron al grupo a establecer su industria de protección territorial en Nuevo Laredo.

El futuro de la industria de la protección: el futuro de México

¿Se desliza México ahora sí por el camino de la ‘colombianización’ entendida ésta como la privatización masiva de la violencia, incluida la violencia ligada a la protección que disputa el monopolio legal del estado, que es lo que caracteriza a la evolución de Colombia desde los años ochenta como resultado de la saturación de la resolución pública de conflictos y del capital humano criminal extendido por la industria de las drogas ilegales?

Por el momento, las circunstancias que han dado origen a Los Zetas son excepcionales, un microcosmos muy particular que ha dado lugar a la primera experiencia de protección exclusivamente privada desde la Revolución Mexicana. Sus posibilidades de expandirse e incluso de perdurar como industria de la protección privada son bajas, si no remotas. Los próximos meses serán cruciales para observar su evolución y los elementos contra los que se enfrentan son muy potentes. En primer lugar, Los Zetas deberán desafiar la animosidad de los militares, mucho más intensa por sus orígenes.

No hay peor cuña que la de la misma rama y los militares, que tampoco son algo homogéneo aunque sí se mueven en coordenadas jerárquicos bastante claras, tratarán de extirpar la cuña con el objetivo de mostrar su superioridad.

Pero, sobre todo, Los Zetas se adentran en los típicos problemas de madurez en la industria de la protección. La reciente inclusión de más de una treinta de sus líderes en los cárteles de busca y captura de la Procuraduría General de la República es un desafío de primera línea con el que deberán lidiar. Tienen alguna posibilidad de salir victoriosos. Si para los empresarios de las drogas su

aparición en los medios de comunicación y en los radares de las agencias de seguridad son siempre un inconveniente porque erosionar su mejor activo, la confiabilidad a los ojos de proveedores y clientes, en la industria de la protección los efectos de la profusión mediática son contradictorios. En el lado de los inconvenientes, Los Zetas se enfrentan en la actualidad a que se les atribuyan todo tipo de delitos y conexiones más allá de su veracidad en una estrategia bien conocida de las agencias de seguridad para tratar de aparentar eficiencia. En abril de 2002 tres individuos fueron detenidos en el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico. La Procuraduría General de la República los hizo pasar por miembros de Los Zetas pese que a su relación con ellos era bastante menos que tangencial. Otra serie de acusaciones falsas al respecto del radio de acción de Los Zetas se han ido filtrando oportunamente a los medios de comunicación. A medida que estén más presentes en los medios de comunicación, la embestida de las agencias de seguridad se hará más patente en el sentido de que éstas últimas tratarán de hacer valer su integridad y eficacia frente a objetivos altamente visibles.

Pero la recién ganada popularidad mediática es también la fuente de una característica tradicional de la industria de la protección: los falsificadores y su represión. Los militares y los policías federales ya se habían enfrentado antes al mismo problema de ver violados sus derechos de propiedad intelectual, su imagen de marca: asesinatos vestidos de militar, extorsionadores que se presentan como policías federales… Pero que quienes se vean sometidos a esta falsificación sean agentes privados es una novedad dentro de los mercados ilegales de México. La viabilidad futura del negocio de protección de Los Zetas, interferencias de las autoridades estatales aparte, estará íntimamente ligada a su capacidad de desincentivar la aparición de free-riders que se suban a su fama para obtener beneficios sin haber invertido en la creación de la imagen de marca. En la medida en que cualquiera pueda ser sujeto extorsionador sin tener detrás la fuerza de la organización protectora, el monopolio se desvanece y hace tan gravosos los costes de persecución de los delitos de falsificación que implosiona el conjunto de la organización. Si Los Zetas no son capaces de controlar esta escalada de falsificaciones, su futuro es más que negro.

Pero la presencia en los medios de comunicación tiene una ventaja sustancial para una empresa privada de la protección. Ayuda a expandir su prestigio como organismo encargado de la protección.

Los medios de comunicación, en la persecución de la noticia, actúan como vehículos para la emisión de su propaganda empresarial, y además de manera gratuita. Agrandan su imagen de protectores eficaces de los cuales ningún potencial cliente puede sustraerse. Después de leer en la prensa o de oír en la radio la aplicación masiva de la violencia que ejecutan Los Zetas, es difícil que algún cliente visitado por éstos tenga la intención de plantarles cara y negarse a pagar las cuotas requeridas.

En este sentido, los medios cooperan no intencionadamente con la estrategia general de Los Zetas.

Pero más allá de los devenires específicos que el futuro pueda deparar a Los Zetas, existe algunas variables de contexto que son enormemente halagüeñas para la proliferación de estos grupos de protección privada, de mafiosos al fin y al cabo. El estado mexicano se encuentra en su punto de mayor debilidad desde los años treinta. Nunca antes el estado había mostrado tan bajos niveles de funcionamiento en cuando a capacidad y voluntad de mantener el control social, de preservar la estabilidad, de gestionar políticas públicas o de controlar la economía nacional. Como un subproducto común de la transición del autoritarismo a la democracia, de la extenuación de las jerarquías inherentes al presidencial mismo, surgen multitud de grupos con capacidad para sustraerse a la voluntad expresa del aparato estatal, que, además, se encuentra más fragmentado que nunca tanto territorial como funcionalmente. Muchos de estos grupos se someten a las normas democráticas de convivencia y aceptan la regulación estatal. Pero, en el mismo humus, también surgen grupos con la capacidad económica para retar la autoridad pública y sus probabilidades de éxito aumentan. En la industria de las drogas, el abandono progresivo de los protectores públicos de sus posiciones centrales en los aparatos públicos de seguridad ha conllevado una mayor fragmentación e independencia de las empresas de drogas con respecto al aparato público. El surgimiento de grupos de protección privada no es sino la derivada lógica del vacío creado por el cesión de espacios de protección de los funcionarios públicos que no ha sido cubierto por el fortalecimiento de un estado de derecho con capacidad para mostrar los beneficios de insertarse en la dinámica democrática.

Desde el punto de vista de la actividad estatal, la conversión de narcos en mafiosos suponen un salto cualitativo de extraordinaria importancia. Los empresarios de drogas no tienen un interés en sustituir al estado. Su única referencia es inhibir el cumplimiento del ordenamiento legal en algunos de sus aspectos. Los instrumentos para lograr este objetivo pueden variar e incorporar altas dosis de violencia. Pero existen fuertes incentivos para minimizar la componente violenta y recurrir a elementos de negociación con los agentes estatales. La industria de la protección privada implica una revocación total del principio del monopolio de la violencia estatal, de la capacidad del estado para

ejercer un control efectivo sobre la población y, en última instancia, ser capaz de mantener el flujo de ingresos que mantiene el estado. La protección es una industria con una tendencia brutal hacia el monopolio y la convivencia de fuentes alternativas de protección, del estado y de los mafiosos, es casi una quimera. El estado puede coexistir razonablemente con el comercio de drogas, al fin y al cabo sus objetivos son diferentes y en algunos casos negociables. Pero no tiene posibilidad de convivir con una fuente alternativa de protección, precisamente porque la protección es la característica primigenia del poder estatal.

El parangón del México actual con la Sicilia del siglo XIX que dio origen a la Mafia es atroz. El feudalismo en Sicilia, como el sistema priísta en México, sin duda incorporaba altos grados de injusticia.

Pero ambos sistemas políticos garantizaban cauces reconocibles y estables para la resolución de conflictos. La corrupción puede ser un medio eficaz como cualquier otro para garantizar esta previsibilidad en las actividades económicas. Cuando el feudalismo quiebra con la incorporación de Sicilia a la recién creada unidad italiana, el estado liberal se muestra incapaz de arraigar como estructura para resolver conflictos, una función que es vital para el desarrollo económico, social y político.

Los actores sociales entonces se vieron en la necesidad de adquirir una protección alternativa a sus relaciones económicas, sobre todo para garantizar los derechos de propiedad, sometidos a altas dosis de expropiación y fraude. La solución la encontraron en los mafiosos, cuyo origen no era otro que el aparato de violencia de los terratenientes feudales. Los grupos especializados en la violencia que han venido trabajando para la industria de las drogas pueden adquirir ese mismo rol porque han mostrado en el pasado un alto nivel de excelencia en la garantía de la propiedad privada de sus clientes y porque conocen los mecanismos para hacer eficaz esta protección.

El mismo tipo de equiparación con la actual situación en México puede realizarse con respecto a la Colombia de los años ochenta, con un estado debilitado por el conflicto con la versión violenta de la industria de las drogas eptomizada por Pablo Escobar. Los narcos no fueron entonces los protagonistas de la implosión del estado colombiano que se arrastra hasta la actualidad sino los catalizadores.

La violencia desatada por la industria de las drogas erosionó la legitimidad del estado a los ojos de los ciudadanos-clientes e incrementó los costes de la resolución de conflictos. En esas circunstancias, la retirada del estado como mecanismo de resolución de conflictos fue sustituida por grupos que adquirieron ese rol a través de métodos violentos, ya fuesen éstos pandillas que habían colaborado con la industria de las drogas, los grupos paramilitares o las renacidas guerrillas.

El camino ideal de la democratización en México hubiese sido el tránsito del estado mafioso que caracterizado al sistema priísta, entendido éste como la venta indiscriminada de protección desde instancias públicas, al estado de derecho. Pero el camino es más complejo y pedregoso de lo que los modelos de transición política tienden siquiera a imaginar enfrascados en sus problemas de ajustes institucionales y de consensos estructurales. Si el estado mexicano es incapaz de garantizar una protección creíble para sus ciudadanos, las probabilidades para el surgimiento de instancias alternativas, privadas, de protección se multiplican. Frente a esta demanda de protección ciudadana, existen grupos ligados al ejercicio de la violencia en la industria de las drogas con la capacidad y el conocimiento para prestar esos servicios de protección. Los Zetas pueden ser una anécdota fugaz.

Pero también podrían ser los pioneros de una industria en expansión con amplias oportunidades de negocio que, en última instancia, constituiría con la mafiosización de México.

ENVIADO POR: José Luis Pérez Ortiz.

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