SERVIR Y PROTEGER

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"Tiempo que pasa, verdad que huye" Edmond Locard (1877 - 1966)

martes, 23 de noviembre de 2010

“El Crimen Organizado Transnacional en América Latina. Hacia un nueva forma de guerra.” PARTE II


SITUACIÓN ESTRATÉGICA EN AMÉRICA DEL SUR

A la Situación Estratégica Sudamericana la hemos caracterizado como grave. ¿Pero cuál es el sustento académico de ésta adjetivación? Si consideramos las expresiones del Director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de EEUU, las amenazas transnacionales clave son:

􀂙 La proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, misiles y otras tecnologías consideradas claves.

􀂙 El terrorismo internacional.

􀂙 El narcotráfico.

¿Por qué América Latina? En primer término la ubicación relativa: la proximidad a Estados Unidos. No podemos omitir que en términos geográficos Estados Unidos tiene una frontera abierta en el sur. Desde la perspectiva de las amenazas transnacionales, América Latina es un mercado natural.

Este mismo fenómeno de fronteras abiertas contribuye al atractivo de Estados Unidos como mercado para exportar contrabando desde América Latina, principalmente para el tráfico de drogas. El apetito estadounidense por las drogas ilícitas alimenta el crecimiento de poderosas organizaciones delictivas en el sur del continente.

Fuera de la proximidad geográfica, la exportación mutua y la concomitante importación de productos ilícitos, América Latina sigue siendo específico campo atractivo para la actividad criminal trasnacional por dos razones básicas: presenta riesgos mínimos y ofrece nuevas oportunidades para explotar.

Para operar eficazmente las organizaciones criminales trasnacionales necesitan países de base u origen, países escogidos como objetivos o víctimas y países mercados, los cuales pueden ser “de origen” u “objetivos”.  

Examinemos algunas de las características que las organizaciones criminales trasnacionales buscan en los países escogidos como objetivos o de origen (países de base). ¿Qué tan generalizadas o autóctonas son tales características hoy, en el Hemisferio Sur?

o Países de base: ¿Cuántos países tienen pobreza, desbarajustes económicos que profundizan la brecha entre ricos y pobres y que, por consiguiente, ofrecen recursos humanos a las empresas criminales trasnacionales?, ¿Cuántos países tienen gobiernos frágiles y débiles, fronteras o costas descuidadas, instituciones judiciales frágiles, administraciones civiles insensibles, tradiciones que toleran (si no aprueban) la corrupción y administración de justicia poco dedicada o ineficaz?, ¿Cuántos países tienen economías en vías de desarrollo, con comercio y sistemas financieros en expansión, donde abundan las oportunidades para mezclar los negocios ilícitos con los lícitos?.

o Países escogidos como objetivos o víctimas: Muchas de las cualidades que hacen atractivo a un país como “base” para la actividad criminal trasnacional, se encuentran también en los países escogidos como “objetivos” o “víctimas”. Sin embargo, en el caso del país víctima, es decisivo que se trate de un país en vías de desarrollo. En él sus Instituciones Políticas carecen de fortaleza y son corruptibles al extremo, por carencia de un desarrollo cultural y político adecuado.

Surge una evidencia: la ocasión es oportuna, las condiciones están presentes y el escenario está dispuesto para una explosión de la actividad criminal trasnacional en América Latina.

Bien, explorando el futuro, ¿qué tipo de actividad criminal trasnacional podemos esperar que aumente en América Latina en la próxima década? Podría decirse que estamos experimentando aumentos espectaculares por lo menos en una docena de actividades delincuenciales.

o Penetración del sistema político: Financiar campañas políticas por parte de organizaciones criminales, con fuertes recursos económicos, especialmente provenientes del narcotráfico. Si la organización puede penetrar con dinero los altos niveles, la protección está prácticamente asegurada.

o Destruir los Sistemas de Justicia Penal: Intentos y conocidos logros, por parte de organizaciones criminales con fuertes recursos económicos, para trastornar e inhabilitar los sistemas de justicia penal, de por sí frágiles, en el plano nacional y local, por medio de extensa corrupción respaldada por violencia y la ideología.

o Delitos financieros, explotando el refinamiento de la nueva tecnología electrónica de los mercados comerciales y financieros de hoy. El lavado de dinero es un gran problema. El dinero se saca de contrabando de los paraísos fiscales en grandes cantidades, para llevarlo a países latinoamericanos que tienen leyes poco estrictas sobre el lavado de dinero. 

o Intentos, por parte de organizaciones criminales, de extender sus actividades a “nuevos estados víctimas”. Se produce cuando Estados en la periferia del tráfico de drogas, son involucrados en éste. Para tales Estados esto implica: más violencia, provocada por delincuentes equipados como fuerza militar, debilitamiento de las normas civiles y pérdida de la legitimidad del gobierno, a medida que la delincuencia se desarrolla, pérdida de rentas públicas por falta de pago de impuestos de renta, pérdida de inversión extranjera y de comercio lícito por desconfianza y brusco debilitamiento político que impide reprimir drásticamente la delincuencia, con una fuerte degradación estatal que pone en peligro la gobernabilidad: las libertades individuales, los derechos humanos y la democracia.

o Más violencia que la conocida tradicionalmente, asociada con la delincuencia común, el crimen callejero, el secuestro y la extorsión para exigir rescate. En muchos países en América Latina, el secuestro se ha convertido en una actividad de la vida diaria.

o Mayor contaminación ambiental, producida por los traficantes de drogas o sus servicios ilícitos de eliminación de desechos. Los laboratorios para la elaboración de metanfetamina constituyen una preocupación creciente. Las sustancias químicas que se emplean son peligrosas y volátiles y el costo de limpieza de un laboratorio promedio, es de U$S 40.000.

o Más tráfico de armas de mafias europeas hacia el sur. Además, con el fin de la guerra en América Central, hay un gran sobrante de armas disponible en las calles de un número creciente de países. Tampoco podemos pasar por alto la desviación de armas hacia el mercado ilícito, procedentes de industrias nacionales de armas con sede en el Hemisferio Sur.

o Más intentos por parte de delincuentes prófugos, buscados internacionalmente, de usar América Latina como refugio contra la detención, arresto, extradición y enjuiciamiento.

o Mayor consumo de drogas. El uso de las drogas sigue a la producción de éstas y a las rutas de su tráfico y los problemas asociados con el uso, especialmente la delincuencia callejera. Veamos lo que ocurre en México, Colombia, Brasil, Argentina y, según cifras recientes, Venezuela tiene una tasa de toxicomanía más alta per cápita que Estados Unidos.

o Más contrabando intrahemisférico de extranjeros indocumentados, el que, aparte de generar ingresos, establece comunidades étnicas satélites “fuera de la ley” en los países receptores, las que se transforman en fuentes de candidatos para la formación de grupos delincuenciales y escondite local para delincuentes extranjeros de características étnicas similares, que quieran operar en el país víctima, sin atraer mucho la atención.

La gravedad de la situación estratégica latinoamericana reside en que es el asiento natural de las dos amenazas transnacionales de mayor envergadura: el narcotráfico y el terrorismo. Además, en grandes áreas de la región estos dos hechos se combinan y retroalimentan mutuamente, para conformar el llamado narcoterrorismo.

Lo que califica de manera significativa la gravedad situacional estratégica de América Latina, es la carencia de una respuesta política a esta realidad, originada en la negación de la misma, ya sea por ignorancia, cuestiones de complicidad económica o por compromiso ideológico. 

El narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional, son amenazas de orden estratégico, que tienen como blanco al Estado y a la sociedad, atacando a su cohesión. No son un problema de seguridad pública, en el sentido policial del término. No se trata de una actividad delictiva común, si bien esa es su apariencia y modo operativo. Por su envergadura, su carácter transnacional, su poder de penetración en las estructuras estatales y la actividad económica privada, es un hecho / amenaza estratégica que se dirige directamente a destruir al Estado y a la sociedad en su conjunto.

Lo que tenemos frente a nosotros, es un fenómeno nuevo. Ello exige pensar de nuevo. Se trata de un hecho y riesgo de carácter estratégico, por ende correspondiente al área de la Defensa Nacional.

Los Estados están actuando individualmente o con leves coordinaciones, frente a un enemigo privado, bajo conducción unificada transnacional. Los Estados tienen problemas diferenciados y reacciones distintas e individuales, ante un enemigo monolítico, sin códigos, que tiene la iniciativa, impone la división del trabajo y explota y cabalga las crisis estructurales de los Estados, en esta etapa de transición de nuestra civilización.

Las medidas necesarias son las que actualmente se están tomando en Estados Unidos en la lucha mundial antiterrorista. El jefe de inteligencia de dicho país destacó en septiembre de este año: “Estamos "conectando los puntos" a nivel nacional e internacional, integrando el análisis antiterrorista en la comunidad de inteligencia y eliminando barreras burocráticas para compartir información. Esto es una tarea enorme, pero el pueblo estadounidense debe entender que los componentes de la comunidad de inteligencia de la nación trabajan juntos en modos que no se imaginaban antes del 11 de septiembre.”

También agregó: “Con un nuevo enfoque y mejores técnicas la inteligencia estadounidense recoge más información, la analiza más rigurosamente y la comparte más. La inteligencia no es una panacea, pero hay formas de asegurar que su contribución a la seguridad nacional se refuerza, ayudando a frustrar a nuestros adversarios antes de que nos causen más daño.”

COLOMBIA

Dentro del MERCOSUR, Brasil, nuestro principal aliado, limita con los principales países productores/destiladores a través de fronteras selváticas y montañosas que dificultan el control del tráfico. “Nuestro” límite (del MERCOSUR) más peligroso, es con las FARC, que a través de un extenso dominio territorial en Colombia, con 18 frentes desplegados sobre las áreas de mayor producción de estupefacientes, constituye el enclave narcoterrorista de mayor envergadura de América del Sur. Con notorio y manifiesto apoyo de Venezuela, Cuba y China, las FARC poseen representantes políticos en todas las capitales de la región y sirven como sostén financiero a cuanto proyecto político “anti-sistema” emerja en el área.

Si bien es cierto que podemos calcular los costos en lo que respecta a la economía, jamás podremos cuantificar el número de víctimas y el dolor humano causados por los narcómanos y por el narcotráfico. No obstante, la mayoría de personas está al tanto del peligro mortífero que representan los estupefacientes, muy pocos se dan cuenta que más de 200.000 ciudadanos de los EE.UU. han perecido como resultado del uso ilícito de substancias tóxicas en los últimos diez años.  

Ante ésta alarmante situación, la respuesta imperial ha sido el “Plan Colombia”. Éste conduce inexorablemente a la expansión del narcoterrorismo sobre el “eje del Amazonas” y al “eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná” y hacia los puertos del Atlántico, para alcanzar su destino final en Europa, EEUU o Asia.

Visto en perspectiva, durante el último cuarto de siglo el conflicto armado en Colombia se ha agravado sustancialmente. Esto es bien visible, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Así, por ejemplo, entre 1975 y 1995 el número de homicidios anuales en el país pasó de 4.455 a 25.398. De ellos, el número de víctimas directamente vinculadas con el conflicto político que enfrenta a guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad pasaron de 49 a 3.336.

En Colombia, las acciones terroristas se enmarcan en un conflicto que, por el número de muertes anuales que produce (en torno a cuatro mil, en su mayoría civiles, en 2003), puede ser considerado como una guerra civil. Los grupos insurgentes actuales se formaron a mediados de los años sesenta, pero hunden sus raíces en un periodo de la historia colombiana que se denomina significativamente “la violencia”, iniciado en 1948. Colombia es el único país latinoamericano en el que no se ha cerrado el gran ciclo guerrillero que se inició con la revolución castrista. Y en contraste con la pauta predominante en el mundo de hoy, la de un terrorismo de inspiración religiosa, las organizaciones terroristas colombianas son laicas, situándose en la extrema izquierda (FARC, ELN) o en la extrema derecha (AUC). Estas organizaciones combinan las acciones terroristas con las guerrilleras y en el caso de las FARC han llegado a desarrollar en ciertos momentos una estrategia de guerra de movimiento, con columnas móviles de considerable dimensión.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fundadas en 1964 por la fusión de varios grupos guerrilleros preexistentes, bajo la dirección de Pedro Antonio Marín, más conocido por su nombre de guerra de Manuel Marulanda “Tirofijo”, quien ha seguido hasta hoy a su frente. De inspiración comunista, las FARC han mantenido su insurgencia durante cuarenta años, en los que han logrado el control de extensas áreas rurales. Bajo la presidencia de Andrés Pastrana, el Estado colombiano realizó un gran esfuerzo de negociación, que incluyó la entrega a las FARC en 1999 de una extensa región en el sur del país. A partir de 2001 las FARC intensificaron sus acciones terroristas en las ciudades, quizá con el asesoramiento de terroristas irlandeses del IRA. A comienzos de 2002, ante la continuación de la violencia, Pastrana optó por romper las negociaciones y retomar la región cedida. El nuevo presidente Álvaro Uribe, que tomó posesión en agosto de 2002, ha optado por una estrategia de derrota militar de las FARC. Estas cuentan con diez mil o más combatientes y con grandes recursos económicos, procedentes sobre todo de las actividades de producción y tráfico de droga en las regiones que controlan, y en menor medida de la lucrativa actividad de los secuestros. Fueron designadas como organización terrorista por los Estados Unidos en 1997. 

Ejército de Liberación Nacional (ELN). Fundado en 1964 por intelectuales y estudiantes inspirados por la revolución castrista, incluidos católicos de izquierda, entre ellos algunos sacerdotes, ha gozado del apoyo cubano hasta los años noventa. A pesar de su proximidad ideológica a las FARC, ambas organizaciones han sido siempre rivales, aunque en 2003 parece haberse producido una aproximación, quizá en respuesta a la vigorosa ofensiva del Estado. Reacio a implicarse en el narcotráfico, el ELN se ha abastecido de fondos mediante los secuestros y la extorsión de las compañías petrolíferas del área en que tienen mayor control. Cuenta con al menos tres mil combatientes. Fue designado como organización terrorista por los Estados Unidos en 1997.

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fundadas en 1997 por Fidel y Carlos Castaño, constituye una federación de grupos promovidos por terratenientes y narcotraficantes para combatir a las FARC y al ELN. Conocidos como “paramilitares”, estos grupos han contado en el pasado con la complicidad de sectores militares. Están intensamente implicados en el narcotráfico, que constituye su principal fuente de financiación. Su actividad se ha caracterizado por el frecuente recurso a las matanzas de civiles para arrebatar el control de áreas rurales a las guerrillas comunistas. Han sido designadas como organización terrorista por los Estados Unidos en 2001. En diciembre de 2002 anunciaron un alto el fuego, en enero de 2003 el gobierno aprobó un decreto de indulto para los rebeldes que dejaran las armas (siempre que no fueran responsables de violaciones de los derechos humanos), en julio firmaron un acuerdo de desmovilización, (que habrá de completarse en diciembre de 2005), y en noviembre se efectuó la primera desmovilización de unos 800 combatientes de las AUC.

En el año 2003 el nivel de violencia, tanto política como común, seguía siendo extremadamente elevado, pero era visible una tendencia descendente respecto a años anteriores. Las cifras más significativas respecto al terrorismo son las referentes a las masacres, que las fuentes oficiales colombianas definen como el homicidio colectivo de cuatro o más civiles, efectuado por un mismo individuo o grupo al mismo tiempo y en el mismo lugar. El número de víctimas de masacres en 2003, aun siendo muy elevado, representa menos de un tercio de las que hubo en el año 2000. En un importante porcentaje de los casos, los autores de las masacres no son identificados, pero entre aquellas que han podido atribuirse a un grupo concreto, destaca el sangriento papel jugado por las Autodefensas en los años 1999 a 2001, aquellos en los que el fenómeno fue más grave, y por las FARC a partir de 2002.

Otra manifestación importante del terrorismo en Colombia son los secuestros. Estos son en parte obra de delincuentes comunes, que persiguen fines puramente crematísticos, y en parte obra de organizaciones terroristas, que emplean este medio para financiarse, pero también para atemorizar a los civiles, mediante el secuestro de ciudadanos comunes, y a las autoridades, mediante el secuestro de políticos.

El retroceso de la violencia terrorista es en parte resultado de la negociación con las AUC (que sin embargo cometieron todavía algunas matanzas en 2003) y en parte resultado del éxito de la ofensiva antiterrorista llevada a cabo por el gobierno de Uribe.

Existen pues motivos para creer que Colombia está en el buen camino para erradicar la violencia. En el año 2003 se ha hecho un gran esfuerzo por reestablecer la autoridad del Estado en comarcas en las que era virtualmente inexistente, en parte 

mediante el despliegue de soldados campesinos que sirven en sus propias comunidades; por eliminar bases rebeldes, con especial éxito en las regiones montañosas cercanas a la capital; y también por erradicar el cultivo de coca. El optimismo acerca del resultado final es sin embargo prematuro. Las FARC han sabido en el pasado replegarse en momentos difíciles para retomar luego la iniciativa, los militantes de las AUC están demasiado implicados en el narcotráfico como para que se pueda tener mucha confianza en su reinserción en la sociedad civil, y no hay indicios de que la exportación de coca esté realmente disminuyendo.

El General Tapias declaró que para enfrentar con garantía de éxito a los irregulares, el Estado no solamente tiene que ampliar su pie de fuerza, hasta lograr la relación de 11 a uno recomendada, sino perfeccionarse en los siguientes campos:

o Aumentar su capacidad de movilización aérea, terrestre y fluvial.

o Ensanchar notablemente su capacidad de inteligencia militar, para anticiparse a los golpes enemigos.

o Cohesionar a la población civil con el Estado.

o Conseguir que el Estado y la autoridad que representa tengan presencia real en todo el territorio nacional.

Esas fuerzas, enemigas entre sí, ya no plantean una guerra de guerrillas tradicional sino de posiciones, alrededor de las zonas del país donde prevalecen los cultivos de hoja de coca y amapola, apropiados para la producción de cocaína y heroína por medio de procedimientos en los que se utilizan precursores químicos que son fabricados y vendidos ilícitamente por Estados Unidos y Europa. 

Las informaciones más recientes, basadas en fotografías de satélites, indican que en Colombia existen 160,000 hectáreas de hoja de coca, el área de cultivos ilícitos más grande que se haya concentrado jamás en país alguno.

La industria de drogas ilegales en Colombia se ha diversificado con el tiempo y hoy involucra una gran diversidad de actores: campesinos que cultivan marihuana, coca y amapola y producen pasta básica y opio; compradores locales que acopian estos productos en cantidades que facilitan su posterior procesamiento; empresarios que elaboran los productos intermedios para producir cocaína y heroína; los cárteles que coordinan algunas de las actividades de refinación, el contrabando internacional y en ocasiones parte del mercadeo en Estados Unidos y Europa; organizaciones guerrilleras que son dueñas o protegen cultivos, campesinos, laboratorios y cobran impuestos al valor agregado y a la exportación fuera de las zonas de producción; profesionales de cuello blanco, como químicos, pilotos, abogados, contadores y asesores financieros especializados en lavado; guardaespaldas y otros empleados de seguridad, incluyendo organizaciones paramilitares, sicarios y políticos. La necesidad que tiene la industria de desarrollar una amplia red de apoyo social hace que ésta influya en muchos aspectos de la vida económica del país.13

Así mismo, dado que la industria cambia en forma continua es imposible contar con un cuadro acertado de su estructura. Esta situación de flujo se debe:

13 Ministerio de Defensa de Colombia. Sistema de Información de la Defensa Nacional. Dirección Nacional de Estupefacientes. Bogotá, enero de 2001 

 

o Primero, a que las organizaciones de la industria tratan de evadir los esfuerzos de la justicia y en forma permanente buscan nuevas fuentes de materias primas, bienes intermedios y nuevos mercados.

o Segundo, el secreto requerido por las transacciones ilegales disminuye la integración vertical y la creación de una estructura rígida.

o Y, tercero, las altas utilidades y las relativamente bajas barreras a la entrada constituyen un imán que continuamente atrae nuevos actores al negocio.

El poder económico de los bandos armados, enemigos entre sí, les permite pertrecharse en condiciones muchas veces superior a las del Ejército y aumentar constantemente el tamaño de sus tropas por medio, incluso, del reclutamiento forzoso y de menores de edad. Las FARC, por ejemplo, han dicho que su meta es la de llegar a tener lo antes posible, un ejército de 100,000 hombres y hoy tienen la fuerza irregular más grande del país, aproximadamente 15.000 hombres divididos en 80 frentes. 

Mientras el gobierno toma su tiempo para aceptar o no que está en guerra y reordenar eventualmente el funcionamiento del estado conforme a esa realidad, la conflagración nacional ya ha causado el desplazamiento forzoso de dos millones de campesinos, hoy agazapados en los cinturones de miseria de las ciudades; otros seis millones de colombianos se han ido del país y 1,750,000 hectáreas de tierras agrícolas están abandonadas.

Las guerrillas también cuentan con apoyos en Brasil. El territorio amazónico de este país, concretamente la región Cabeza de Perro, es utilizado como base para transbordar armas y, sobre todo, alimentos a través del río Icama para los insurgentes colombianos.

Los cambios tecnológicos en el campo de la producción de narcóticos han sido decisivos para la evolución del conflicto interno en Colombia, en la medida en que los agentes de violencia no-estatal obtienen el grueso de su financiación del comercio ilegal de estas sustancias.

En este contexto, las innovaciones en el tráfico de narcóticos han estado vinculadas a tres cuestiones básicas:

o la introducción de nuevos productos,

o los cambios en el proceso de síntesis y

o la creación de nuevas formas de camuflaje para facilitar su introducción en los mercados de Europa y EE.UU.

 

La introducción de tecnologías con prestaciones de alta calidad multiplica y aumenta la capacidad para llevar a cabo las operaciones habituales en su repertorio de acciones. Así, por ejemplo, la introducción de armas de infantería, como los fusiles de asalto, capacita a las guerrillas para desarrollar sus tácticas de emboscada y otro tipo de acciones tradicionales en este tipo de conflictos. Pero al mismo tiempo, la innovación técnica abre la puerta para abordar acciones completamente inéditas hasta el momento. Uno de los ejemplos más evidentes en este caso, es la posibilidad de hostigar el tráfico aéreo que se abre con la adquisición de misiles tierra-aire.

La distancia entre el poder del estado y aquel de los agentes anti-estatales se reduce. Un buen ejemplo de este proceso se puede ver en las consecuencias sobre el conflicto en Colombia, a través del aumento en el número y calidad de las armas ligeras a disposición de los grupos narcoterroristas.

En la medida en que la mayor parte de los combates entre los grupos armados irregulares y el gobierno se reducen a choques de infantería, es evidente que las fuerzas armadas y de seguridad colombianas han perdido toda ventaja cualitativa en su armamento individual. A este nivel, los efectivos gubernamentales y los delincuentes políticos o comunes, disponen de recursos equiparables. Frente a esta situación, la respuesta habitual de las fuerzas estatales es elevar el umbral de la violencia de sus acciones, con el fin de imponerse sobre los grupos armados no-estatales. Para ello pueden recurrir al incremento cuantitativo de sus medios o a la introducción de medios de combate más potentes. Pero, sea como sea, el resultado es el mismo: la sofisticación de las capacidades de los agentes de violencia no-estatal conduce a una escalada general del nivel de violencia.

Por su parte, el proceso de internacionalización de los grupos irregulares colombianos, conduce a multiplicar su autonomía. Esto es particularmente cierto en la medida en que están creando redes densas de apoyo internacional y por lo tanto que resulta difícil aislarles del exterior.

La independencia de estos grupos es mayor si se tiene en cuenta dos factores:

o Por un lado, el hecho de que los puntos de apoyo internacionales que construyen son, en su mayor parte, sobre la colaboración con otros actores no-estatales clandestinos. Esto hace que estas redes de apoyo escapen a las presiones diplomáticas, económicas o militares que tradicionalmente se había ejercido para contrarrestar el terrorismo patrocinado por Estados.

o Por otra parte, las redes internacionales en las que se apoyan los grupos armados colombianos son lo suficientemente poderosas en cuanto al manejo de recursos tecnológicos, económicos y militares, como para que no necesiten complementar su apoyo con el prestado por un estado.

Los procesos de innovación tecnológica y globalización tienden a reforzarse mutuamente. De hecho, la incorporación de nuevas tecnologías favorece la globalización en la medida en que ofrece medios para llevarla a cabo. No solo proporciona mejores equipos de comunicación y transporte. Además, el incremento de la experiencia en el uso de una determinada tecnología o del desarrollo de un cierto tipo de operación permite contar con algo que intercambiar con un potencial socio global. 

Frente a este perfil, las fuerzas estatales perderán buena parte de las ventajas que mantenían en términos tecnológicos. Además, se encontrarán con adversarios dotados de estructuras difusas, frente a las que es más complejo diseñar estrategias para su desarticulación. Asimismo, no podrán confiar en acciones sobre otros estados, para aislar de sus fuentes de recursos exteriores a los grupos violentos no-estatales. Como consecuencia, las posibilidades del estado colombiano para mantener el orden y la estabilidad interior, la primera condición para desarrollar una acción de gobierno, se reducirán notablemente. 

No hay razones para pensar que esta tendencia no se repita en escenarios distintos del colombiano, donde los gobiernos se enfrentan a una combinación de violencia de motivación política y económica similar.

Así como está vinculada a diferentes capas de la sociedad, la economía ilegal impregna los mecanismos estatales, llegando algunas organizaciones a asumir, en ocasiones, competencias propias del Estado, en aquellas zonas donde éste es débil o inexistente. Ejemplos de ello son el programa de viviendas y servicios sociales para pobres, que financió Pablo Escobar en Medellín (Colombia), o en el desarrollo de las favelas en Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil), donde los servicios sociales dependen en cierto sentido de la economía de las drogas, en manos privadas y criminales.

Otra forma en la que la economía ilegal llega a las instituciones estatales es a través del soborno o la intimidación de políticos, policías, funcionarios o jueces, con lo que se crea un aparato o cordón de seguridad en torno al negocio, o como lo denomina Rosa del Olmo, la “criminalidad estatal organizada”.

En los años noventa se han producido transformaciones importantes en la división internacional del trabajo de la industria de las drogas:

o Aparición de México, como centro de exportación semiautónomo.

o Revitalización de la capacidad productiva de Bolivia y Perú en procesar y exportar cocaína con rutas propias.

o Reordenamiento de los cárteles colombianos. Tras la desarticulación de los carteles de Cali y Medellín, han surgido aproximadamente 12 núcleos fuertes, que integran entre 80 y 250 grupos pequeños.

o Amplio uso de la nueva tecnología de la comunicación, sobre todo teléfonos móviles y ordenadores portátiles, para comunicarse y seguir el curso de las transacciones.

Las rutas del tráfico de drogas prohibidas en América Latina han ido cambiando con el paso del tiempo. Bolivia exporta su producción, de la cual hay una parte cada vez más importante de clorhidrato de cocaína (tradicionalmente exportaba la hoja de coca o la pasta base), a través de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Perú produce y exporta clorhidrato de cocaína a México y envía cocaína peruana y marihuana colombiana hacia Europa y Estados Unidos, por vía marítima o aérea. Ecuador por su parte, también experimenta un tráfico intenso en su territorio: pasta base en dirección Norte-Sur y clorhidrato en dirección Sur-Norte, éste desde sus puertos, principalmente. A mediados de los años noventa, las rutas de América Central y del Norte experimentaron un auge en detrimento de las del Caribe, pero desde finales de 1997, las rutas caribeñas han conocido un nuevo crecimiento de actividad.

Los cárteles colombianos han comenzado a mirar hacia el sur. Han extendido sus bases a Brasil, según lo refirió un vocero de la DEA, William Alden. Más de un millón y medio, de los cinco millones de cariocas que viven en las 545 favelas de Río de Janeiro, construidas en las escarpadas laderas de sus morros, están fuera del control del Estado.

Atacando el centro de gravedad 

El narcotráfico, el contrabando de armas y otras actividades de bandolerismo, han afectado todas las áreas fronterizas por muchos años. Las fuerzas opositoras en Colombia se mueven sin restricción a Venezuela, Ecuador y Panamá, pero en Brasil, las FARC han pagado mucho en sus incursiones. Los vecinos de Colombia sugieren que la campaña antidrogas en Putumayo alentará a los refugiados, cultivadores de coca y a los combatientes a comenzar el movimiento a través de las fronteras con otros países, especialmente con Ecuador y Brasil 

Existe alguna justificación para los temores de los líderes regionales sobre Colombia y la asistencia de los EE.UU. que recibe. El conflicto actual, ahora propulsado por la droga, viene librándose por más de 30 años en forma intermitente. Las FARC se han convertido en una gran empresa de drogas, con pocos incentivos para terminar la guerra. Cualquiera fuere el razonamiento político que llevó al Presidente Pastrana, éste resultó en la cesión de un territorio tan enorme a las FARC que su consecuencia militar es desalentadora. La zona de las FARC, “el despeje”, es una gran base para las operaciones militares, el reclutamiento, el cultivo de la droga y el contrabando de armas, así como el propósito declarado: terreno seguro para efectuar discusiones con el Gobierno. Con cada semana que pasa, el santuario que ofrece el despeje hace cada vez menos probable que el Ejército colombiano sea capaz de concentrar el tipo de correlación de fuerzas necesaria para derrotar la guerrilla.

La experiencia peruana con el SL y el MRTA, provee una valiosa perspicacia en la eficaz toma de decisiones con respecto al centro de gravedad y en tener la voluntad de atacarlo. Como fue declarado en la Evaluación Estratégica de 1999 (Strategic Assessment 1999) de la Universidad Nacional de Defensa de EEUU, “Una vez derrotados los insurgentes, el estado [de Perú] era capaz de montar una campaña nacional más eficaz contra las organizaciones narcotraficantes y la asistencia de los EE.UU. tuvo impacto más sustancial”. El Gobierno de Colombia enfatiza las operaciones antidrogas en una etapa de la insurgencia en la que las FARC parecen estar listas para entablar las operaciones militares convencionales. El Ejército se encuentra en una batalla de tres frentes: con la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes. Como observó el especialista de seguridad Michael Radu, “los problemas principales en Colombia son las FARC y el ELN, y... no existe ninguna solución para el problema de drogas, mientras que los insurgentes operan a su voluntad”.

Las FARC y el ELN han podido establecer un bajo nivel de apoyo rural, a punta de pistola, pero el Ejército Colombiano y la Policía Nacional son las instituciones más respetadas de Colombia, tras la Iglesia Católica. Si el Ejército puede mantener la disciplina relacionada a los derechos humanos y gana el apoyo total del liderazgo civil, puede ser plenamente capaz de atacar el centro de gravedad.

Los vecinos de Colombia desempeñarán importantes papeles a través de la provisión de apoyo internacional para frenar las actividades de las FARC, el ELN y los paramilitares. No se requiere que sus tropas desplieguen lado a lado con los soldados colombianos, pero sí son necesarias, en número suficiente, a lo largo de las fronteras con Colombia. Brasil ha sido particularmente eficaz en la negación del empleo de territorio brasileño como santuario de las FARC, para las operaciones militares contra Colombia. Con el compromiso internacional y el liderazgo decisivo en el país, Colombia tiene buena oportunidad de eliminar los peligros que causan las consecuencias en los países limítrofes. 

El Ministro de Seguridad Nacional de Brasil, el general Alberto Cardoso, provee un punto de vista de las iniciativas de seguridad de Colombia. “Si existe un aspecto positivo de la salida de estos problemas con el Plan Colombia, es que toda la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad de defender el Amazonas”. Pero las acciones y los comentarios de Brasil, vienen de una posición de poder e invulnerabilidad relativa; los otros vecinos de Colombia son menos seguros y parecen percibir el tono moral desmadejado en el sector político de Colombia.

Las potenciales imperativas incluyen una guerrilla izquierdista en el umbral del éxito estratégico, la cesión de territorio soberano, una economía vacilante y el pueblo colombiano que quiere una posición más dura en contra de las varias organizaciones criminales.

El Artículo 217 de la Constitución Política de Colombia afirma, “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Es posible que el Artículo 217 les pesará a más y más los oficiales colombianos, mientras que las partes de la Constitución diseñadas para mantener las Fuerzas Militares de Colombia bajo el control de políticos civiles, empiecen a perder su efectividad. Cualquier paso decisivo por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, en la eventualidad de arrogarse el poder político, probablemente debilitaría las perspectivas de coordinación regional para la seguridad. Por otra parte, si el Gobierno de Colombia endurece su posición contra la narcoguerrilla, entonces las correlaciones combativas dentro de Colombia pueden cambiar en forma dramática a favor del Ejército de Colombia, disipando la desafección militar y facilitando desarrollar el apoyo verdadero para un plan combinado contra los criminales.

Impacto social y ambiental

Los efectos ambientales ocasionados por el establecimiento de los cultivos ilícitos, el uso de precursores químicos, el abuso en la utilización de cemento, gasolina, herbicidas, plaguicidas y fertilizantes, además de aquellos causados por los programas de fumigación, aún no evaluados suficientemente, han generado en Colombia una insospechada y peligrosa presión sobre ecosistemas que, aunque ricos en biodiversidad y servicios ambientales, son de alta fragilidad.

La situación se agrava en forma permanente, dado que la siembra de ilícitos se hace con técnicas de cultivo limpio, circunstancia que acelera el proceso contaminador y desestabilizador del ambiente.

La mayoría de los cultivos ilícitos detectados en el país se establecen en tierras vírgenes y de difícil acceso, en las que los productores talan y queman bosques primarios. Lo anterior expone dichas tierras a la colonización intensiva con el patrocinio de narcocultivadores, la cual genera a su vez procesos erosivos que destruyen las condiciones necesarias para la llamada lluvia horizontal, agotan y contaminan las fuentes de agua superficial y subterránea y afectan la conservación, mantenimiento y supervivencia de la biodiversidad. Además, el uso de insumos químicos para el mejoramiento de las cosechas ilícitas y el control de plagas de una manera indiscriminada e irracional contribuyen aún más a agravar el problema. 

El Ministerio del Medio Ambiente considera que, con base en los datos aportados y estimaciones de hectáreas de cultivos, entre 1984 y 1998, para la producción de estupefacientes se han utilizado más de 900.000 toneladas de precursores químicos, productos que por sus características de movilidad, residualidad y escorrentía ponen en riesgo la estabilidad de los diferentes ecosistemas.

En igual forma, por cada hectárea de amapola, el cultivador destruye en promedio tres hectáreas de bosque; en coca, la relación es de 1 a 4 y para marihuana, de 1 a 1,5. Con base en lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente estima que en Colombia, para implantar cultivos ilícitos entre 1974 y 1998, se han destruido entre 850.000 y 1.000.000 hectáreas de bosque.

En síntesis, las grandes áreas de reservas y parques naturales, amazónicos y andinos, se convierten así en zonas potenciales de expansión de los cultivos ilícitos.

A lo anterior se suman los efectos e impactos sociales y económicos causados por todas estas actividades sobre comunidades y etnias locales, que desarticulan la unidad familiar, disparan los valores de bienes y servicios y generan procesos desestabilizadores del orden público.

Efectos estructurales

Independiente de cuál haya sido la magnitud del capital y de las divisas traídas al país por la industria ilegal y de cuáles hayan sido sus efectos macroeconómicos, no cabe duda que ha tenido efectos estructurales muy importantes. Por ejemplo, cualquier organización criminal que exporte 50 o más toneladas de cocaína o heroína obtiene utilidades comparables a las de los grandes grupos financieros del país. Es de resaltar que a pesar de que los influjos ilegales pueden ser manejados a escala macroeconómica, éstos sí alteran las estructuras de propiedad y poder del país.

Aunque es posible argumentar que la industria ilegal ha penetrado muchos espacios de la sociedad colombiana, no lo es afirmar que haya favorecido el crecimiento económico del país. De hecho, la tasa de crecimiento de la economía colombiana a partir de finales de los años 70 ha sido aproximadamente 2% más baja que durante los pasados treinta años.

La mayoría de los economistas colombianos que han estudiado el fenómeno han concluido que los efectos negativos de la industria ilegal han prevalecido sobre los positivos. Ha actuado como un catalizador que agravó características negativas del sistema de mercado colombiano, debilitó la capacidad del Estado para hacer cumplir contratos y resolver conflictos, disminuyó notablemente la confianza para efectuar transacciones económicas en el país, contribuyó a deslegitimar la propiedad, aumentó la violencia, promovió la avidez de rentas y de enriquecimiento rápido contribuyendo a inversiones especulativas, bancarrotas, desfalcos y otros crímenes de cuello blanco. Todos estos factores han aumentado los costos de hacer negocios en el país. Por otro lado, el aumento en los índices de criminalidad ha contribuido a disminuir significativamente la tasa de crecimiento del país. 

Finalmente, la gran mayoría de los economistas colombianos concuerdan en que la economía del país estaría muy bien sin las drogas ilegales. Colombia cuenta con una economía diversificada y antes del desarrollo de la industria ilegal exportaba una gran variedad de productos y servicios. En este sentido, si la industria ilegal llegara a desaparecer, no hay duda de que el país podría reemplazar las divisas generadas por ella en un tiempo relativamente corto. En el peor de los casos sucedería una recesión corta y no muy profunda.

EXPANSIÓN DE LAS FARC

Desde mediados de los años ´80, las FARC pusieron en marcha un plan de internacionalización de actividades que incluyó la apertura de oficinas en el exterior y el envío de emisarios internacionales. De acuerdo con un estudio del Ministerio de Hacienda de Colombia, las FARC destinan al año unos 240,000 dólares para actividades internacionales y sumas mucho menos modestas para apoyar candidaturas afines a sus intereses, como la supuesta oferta de 5 millones de dólares que destinaron en apoyo a la candidatura de Lula da Silva en el 2002.

En septiembre del 2004, el jefe del servicio secreto colombiano (DAS), Jorge Noguera, indicó que se había detectado la presencia de altos dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en algunos sindicatos de Argentina, Chile y Centroamérica. Las declaraciones de Noguera se produjeron en Cartagena donde se realizaba un encuentro latinoamericano sobre seguridad, que convocaba a las principales autoridades policiales de la región.

“Las FARC no solamente son una amenaza militar, sino también una amenaza criminal y política, ya que están aprovechando los resentimientos de exclusión y de una supuesta reivindicación de derechos y eso está generando problemas en otros países”, dijo el funcionario. Noguera reveló que informes de inteligencia dan cuenta de la presencia de integrantes de las FARC en Chile y Argentina, en donde habían infiltrado en organizaciones sindicales -en Chile en la marxista CUT, Central Unitaria de Trabajadores-.

“Liderando sentimientos de exclusión y de supuesta reivindicación de derechos, ellos están tratando de liderar esos sentimientos en otros países para generar problemas allí”, insistió el director del DAS.

Asimismo, indicó que los rebeldes representan una “amenaza terrorista” para la comunidad internacional, por lo que hizo un llamado a los países vecinos para crear un frente común entre las autoridades. “Los líderes de las FARC están huyendo hacia Brasil, Ecuador y Perú por la acción del Plan Patriota, el cual cuenta con el apoyo de Estados Unidos”.

Inmediatamente la denuncia de la expansión de las FARC fue ratificada por el director de la Policía Internacional (INTERPOL) en Perú, Coronel Manuel Sánchez, quien aseguró que ese grupo ha llevado bastantes problemas a su país, e incluso señaló que tienen rehenes en su territorio.

En ese momento, atando cabos, muchos recordaron que el final del gobierno de Alberto Fujimori se inició por los oscuros vínculos de Vladimir Montesinos, sindicado como el mayor corruptor de la historia del Perú y quien fuera el poderoso jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y sus relaciones con las FARC.

Una vez sabido esto, Jorge Insunza, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, reconoció las visitas de los terroristas de las FARC. Al respecto, Insunza dijo reconoció que su partido ha recibido "por solidaridad" a miembros de esa organización, como también lo han hecho otras fuerzas políticas como el Partido Socialista de Chile en el Gobierno y el Partido Por la Democracia, también el Gobierno. Inmediatamente el Presidente Ricardo Lagos salió a bajar el perfil de las acusaciones

En marzo de 2002, el titular de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Argentina, Miguel Angel Toma dijo que tenía “algunas presunciones” de que las FARC realizarían tareas de adoctrinamiento o formación militar a ciudadanos argentinos. Según Toma, “no tiene que llamarnos la atención que existan algunos miembros de las FARC que puedan estar intentando tomar cuadros también de esos sectores para ir a formarlos militarmente en Colombia. Ha sido un mecanismo permanente de toda estructura guerrillera la exportación de su modelo de acumulación de poder a otros países”.

Dos años después, el ex presidente argentino Eduardo Duhalde admitió que sectores de la guerrilla colombiana han “perforado” algunas organizaciones gremiales y políticas de la Argentina. El ex mandatario consideró que “no sería nada raro” que la guerrilla izquierdista colombiana tenga relaciones con algunas organizaciones del país y advirtió que se trata de un fenómeno “muy serio” que afecta a toda Latinoamérica. El nombre clave de la “conexión argentina” de las FARC sería precisamente Javier Calderón, o Javier Cifuentes, según se observe su pasaporte colombiano o brasileño. Calderón hizo una visita oficial en el año 2001, pero los servicios de inteligencia lo han detectado con posterioridad en Córdoba, Mendoza, Monte Caseros y Mar del Plata.

En marzo del 2005, al finalizar su visita a Colombia, el Presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, declaró que las FARC están en su país, luego del caso del secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo, Raúl Cubas.

El secuestro y muerte de Cecilia Cubas es otro incidente que analistas y funcionarios de Estados Unidos están citando como prueba de la capacidad de expansión y alianza que han exhibido las FARC en los últimos años en América Latina y que parece haberse intensificado en los últimos meses.

Para Max Manwaring, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, experto en terrorismo e insurgencia, el proceso de expansión de las FARC es algo que viene ocurriendo desde hace varios años pero que ahora se hace más notorio, dijo, “porque las autoridades parecen más atentas”. Como parte del proceso, agregó Manwaring, hoy las FARC están buscando toda clase de pactos en la región con “organizaciones que tienen intereses económicos o ideológicos mutuos”. “Es el trueque de todo por todo, drogas por armas, armas por droga, secuestro por dinero, sin importar con quién negocian”. “Lo preocupante es que estas alianzas no necesitan deponer gobiernos porque con su dinero sobornan a los funcionarios que requieren para lograr sus objetivos”. 

También en marzo del 2005 se reveló otro escandaloso vínculo entre el gobierno de Lula Da Silva y la organización terrorista. Miembros de las FARC habrían comprado medicinas suministradas sólo por el gobierno en Brasil, posiblemente a trabajadores de salud, para tratar una enfermedad que afecta a sus fuerzas, informó la policía federal brasileña. Casi 3.000 cápsulas de la escasa medicina Glucantime fueron recuperadas después de que tres presuntos guerrilleros de las FARC tuvieron un accidente de bote en octubre pasado en la zona mas noroccidental del Amazonas brasileño, agregaron las autoridades.

El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luis Inácio “Lula” da Silva ya había rechazado un informe de prensa según el cual las FARC le ofrecieron 5 millones de dólares para su campaña electoral de 2002. “El Partido de los Trabajadores nunca ha tenido conexiones financieras con las FARC”, dijo el presidente del partido, José Genoino, en un comunicado. “El informe no es veraz, históricamente este partido siempre ha sido contrario al terrorismo”.

Veja, el semanario de mayor circulación de Brasil, informó que “un embajador de las FARC en Brasil” prometió en abril de 2002 que se entregarían fondos a los candidatos del PT en las elecciones. La promesa habría sido formulada en un acto al que asistieron grupos y políticos de izquierda en Brasilia. Hasta el Gobierno de Lula no ha podido demostrar lo contrario.

Las guerrillas cuentan con apoyos en Brasil. El territorio amazónico de este país, concretamente la región Cabeza de Perro, es utilizado como base para transbordar armas y, sobre todo, alimentos a través del río Icama para los insurgentes colombianos.

Los cárteles de la droga colombianos han buscado una ruta alternativa, para dar salida a los narcóticos a través del delta del Orinoco. Paralelamente, los productores de droga en Colombia obtienen a través del país vecino grandes cantidades de precursores químicos necesarios para sintetizar los narcóticos. La importancia de Venezuela para el tráfico de estupefacientes se complementa con su relevancia como vía de suministro de armas a los grupos armados colombianos. De hecho, se calcula que hasta el 90 % de las municiones consumidas por estas organizaciones son vendidas de forma ilegal por miembros del Ejército venezolano. En este contexto, la voluntad expresada por el presidente Chávez de negociar con las guerrillas colombianas, ha suscitado una enorme preocupación en el gobierno de Bogotá.

Lo cierto es que, con independencia de la voluntad de Caracas, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes colombianos cuentan con una base en Venezuela, gracias a la imposibilidad de controlar la extensa frontera común.

Tres años antes de que se destapara “el caso Granda”, cuatro periodistas venezolanas presentaron públicamente un video que mostraba un encuentro de militares de ese país con miembros de la guerrilla colombiana de las FARC. En la cinta, grabada en junio de 2000, se ve a unos oficiales venezolanos negociando con las FARC la liberación de un ciudadano capturado por el grupo guerrillero colombiano. 

Poco después, la relación entre Hugo Chávez y la guerrilla colombiana confirmó la peor de las hipótesis. El libro “Diario íntimo de un fracaso”, escrito por tres de los más prestigiosos periodistas colombianos, y que narra en detalle el fallido proceso de paz de la administración Pastrana, incluye numerosos episodios de colaboración directa, estrecha y visible entre el gobierno de Venezuela y las FARC, en especial a través del ex ministro Rodríguez Chacín. Las FARC y el ELN son además miembros distinguidos de una serie de asociaciones y confederaciones políticas “bolivarianas” cuyo líder natural es el presidente Chávez.

La captura en Venezuela del encargado de las relaciones internacionales de las FARC, Rodrigo Granda, demostró que estaba protegido por el Gobierno de Chávez. Granda vivía plácidamente en Caracas a pesar de ser uno de los más importantes líderes de las FARC, y se le había concedido la nacionalidad venezolana y legalizado su situación en ese país. La protección de Chávez hacia terroristas de las FARC fue validada por ex miembros de la organización.

Una ex terrorista, identificada como "Rosa" dijo antes de saberse el caso Granda que Venezuela facilitaba ayuda económica y armas a los rebeldes colombianos. La reinsertada declaró a la emisora colombiana La FM que abandonó el grupo guerrillero después de seis años de lucha armada y aseguró que las FARC tienen campamentos en territorio venezolano.

También dentro del esquema de suministros de los grupos armados colombianos, Surinam parece haberse convertido en el escenario de intercambio de armas por cocaína, gracias a las dificultades para controlar un territorio cubierto de jungla. Dentro de los países de la región en los que los grupos armados colombianos han establecido vínculos, es imprescindible citar a Ecuador por donde, a mediados de los años 90, circulaba entre un 6 y un 10 % de la cocaína que alcanzaba EE.UU., además de una parte importante de los precursores químicos de la droga que alcanzaban Colombia y cuya venta beneficiaba directamente a la economía local. En último lugar, habría que señalar a Cuba, que todavía mantiene lazos históricos con las guerrillas colombianas pero que ha reducido radicalmente su respaldo a estos grupos con el fin de ganar cierta respetabilidad internacional. Por el contrario, la isla se ha convertido en un punto de apoyo crítico para los envíos de narcóticos que cruzan el Caribe en dirección a EE.UU.

Por otra parte, otra dimensión clave de la internacionalización de los agentes armados no-estatales, ha sido la vinculación con las mafias de la antigua Unión Soviética. En este sentido, las organizaciones criminales rusas han podido heredar algunos de los vínculos que, durante la Guerra Fría, establecieron los insurgentes colombianos por motivos de afinidades ideológicas. En cualquier caso, los nuevos vínculos entre narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares colombianos, por un lado y el crimen organizado ruso, por otro, tienen una naturaleza nueva. El inicio de los contactos puede situarse en 1992, cuando un representante del Cartel de Cali fue detectado en Moscú. A partir de ahí, el narcotráfico colombiano se ha dedicado a alimentar el mercado de narcóticos en plena expansión de Rusia. El grado de integración entre los grupos rusos y colombianos en el tráfico de narcóticos ha llegado a ser muy elevado, hasta el punto de que se pueden hablar de operaciones conjuntas de grandes dimensiones, en las que los cargamentos de estupefacientes se miden en toneladas. 

A cambio de las drogas, los rusos han proporcionado a las mafias colombianas materiales y servicios únicos. Para empezar equipo de alta tecnología donde, además del caso del submarino o el intento de venta de misiles tierra-aire, se puede sumar la transferencia de algunos helicópteros. Pero además, las mafias rusas se han convertido en los grandes responsables del “blanqueo” de los beneficios de las mafias colombianas procedentes del tráfico de drogas. La aplastante presencia de la mafia en el sector financiero de Rusia, donde podría ser propietaria de un tercio de las instituciones bancarias, convierte a la economía de este país en una enorme maquinaria de lavado de dinero sucio por donde pueden desaparecer con facilidad los millones de dólares ganados con el tráfico de drogas por las grupos delictivos colombianos. Para facilitar la llegada de los fondos a territorio ruso, numerosos bancos de esta nacionalidad han abierto oficinas en los paraísos fiscales del Caribe.

Dentro último apartado de los contactos internacionales de los agentes de violencia política o común colombianos, se pueden introducir una serie de vínculos con grupos o estados con los que se han mantenido relaciones por intereses de tipo práctico, por afinidades ideológicas o por ambas cosas al mismo tiempo. En ese capítulo, es imprescindible mencionar las relaciones de “negocios” que mantienen los carteles de la droga colombianos con las mafias mexicana e italiana. Pero además, son particularmente relevantes los vínculos que han asociado, desde hace tiempo, a algunos grupos insurgentes colombianos, particularmente las FARC, con países árabes y movimientos armados pertenecientes a esta región.

BRASIL Y EL AMAZONIA

Brasil no sólo es país consumidor dentro del circuito, sino que se ha convertido en procesador y depositario de la droga “altamente refinada”, que aumenta su valor de venta. Ha sido clasificado últimamente como el principal exportador hacia los EEUU y Europa, entre otras por las siguientes razones:

o Incremento del movimiento de los narcotraficantes, como consecuencia de la persecución que sufren en Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, etc.

o Extensión de fronteras terrestres de 16.000 km, lindando con los principales países productores.

o Posesión de grandes extensiones selváticas difíciles de controlar.

o Existencia de importante red de carreteras, medios de comunicación y sistema fluvial que operan como vías de transporte y tránsito (Ej. río Amazonas).

o Producción de insumos para el refinamiento como carbonato liviano, bicarbonato de sodio, thinner, permanganato y ácido clrohídrico.

o Existencia de insumos como acetona, cloroformo y éter, que ingresan desde Alemania y EEUU, a través de Paraguay y Ecuador. 

Por otra parte, los laboratorios de transformación de pasta base en clorhidrato se han multiplicado, no tan sólo en la Amazonia, sino que también en las zonas urbanas. Esta situación tiene un impacto muy importante en el consumo interno. Interpol calcula que en la ciudad de Río de Janeiro solamente, se consumen 3 t de cocaína por año, bajo forma de clorhidrato inhalado o base fumada. El consumo del crack ha conocido igualmente un importante aumento, en particular en São Paulo, donde las incautaciones pasaron de 10 kilos en 1995 a 18 Kg. durante los seis primeros meses de 1996. El mercado interno y las exportaciones generan importantes ganancias, que son recicladas en la economía. Finalmente, al contribuir al desarrollo de la delincuencia en las favelas, el tráfico de drogas tiene un papel importante en los conflictos que oponen el Estado a las organizaciones criminales, así como a éstas entre sí, por el control de los territorios urbanos, como se vio en los conflictos con la policía paulista en la primera mitad de este año.

En la Amazonia brasileña se desarrolla actualmente uno de los proyectos más importantes del gobierno federal: el Sistema de Vigilancia de la Amazonia (SIVAM). (Parte del C3I2). De un costo estimado a 1.400 millones de dólares, dicho programa tiene por objetivo la elaboración e implantación de una base logística dotada de las nuevas tecnologías disponibles en el mercado internacional, para la detección, adquisición y transmisión de informaciones sobre la región amazónica. Elaborado en 1990 por iniciativa del Secretariado de Estudios Estratégicos (SAE), el Ministerio de Aeronáutica y el Ministerio de Justicia, el SIVAM fue concebido como un instrumento al servicio del Estado para un mejor control del territorio.

El concepto del SIVAM es proteger la región, aun con malas condiciones meteorológicas, fuegos forestales y actividades criminales, así como controlar el espacio aéreo de la región amazónica. Los requerimientos de seguridad para el SIVAM, incluyen monitoreo del narcotráfico, contrabando de minerales y maderas nobles, líneas divisorias, reservas indígenas, fronteras nacionales, fuegos forestales y navegación fluvial. El SIVAM es la infraestructura para el más amplio concepto del Sistema para la Protección del Amazonas (SIPAM), una iniciativa interagencial brasileña.

Este objetivo es prioritario para el gobierno brasileño; la represión de las actividades ilícitas, fundamentalmente el tráfico de drogas, parecería pasar a un segundo plano. Sin embargo, una cartografía que no se limite a la Amazonia brasileña, sino que abarque a la totalidad de la cuenca hidrográfica del Amazonas, situaría en su verdadera perspectiva geoestratégica el complejo coca-cocaína. El conjunto de esta cuenca totaliza 7.800.000 km2, de los cuales el 66% pertenecen a Brasil, el resto incluye no solamente las zonas amazónicas sino también las regiones montañosas de los países andinos.

En los valles altos del Huallaga y del Ucayali, afluentes del Amazonas, se produce la mayor parte de la coca-cocaína peruana; en Bolivia, las principales regiones productoras de coca, el Chapare y los Yungas, están conectadas por vía fluvial con los ríos Guaparé y Madeira, que atraviesan la parte central de la Amazonia brasileña; en Colombia, las zonas productoras de coca y cocaína están situadas en los valles altos del Apaporis y Caquetá, que toma el nombre de Japurá en Brasil, así como en los valles del alto Vaupés y del Putumayo, llamado Iça en Brasil. Además de las redes fluviales y aéreas, hay ferrocarriles y caminos que conectan las zonas productoras de coca de Bolivia, no tan sólo con la Amazonia brasileña, sino también con los Estados de Mato Grosso do Sul y São Paulo, en el centro-sur de Brasil. Los valles andinos colombianos, por su parte, comunican con Manaus a través de Venezuela, con caminos en su mayoría asfaltados. En el plano logístico, el transporte de droga se caracteriza por la multiplicidad de rutas y centros de distribución que sirven para el almacenamiento: plataformas de exportación, lugares de venta o simples puntos de tránsito. 

Dos aspectos de la logística del tráfico de drogas pueden destacarse: en primer lugar, las rutas utilizadas son de doble sentido, es decir que la droga viaja en dirección al Atlántico, mientras que, en la dirección contraria, cereales, oro, joyas, material electrónico, productos químicos y vehículos robados pasan de contrabando hasta el Pacífico. En segundo lugar, se utilizan diferentes medios de transporte: fluviales, aéreos, marítimos, ferrocarriles o pistas.

Brasil con sus dilatadas “fronteras secas” con los países productores de coca, sus 8.511.959 Km. cuadrados de superficie y en especial su topografía, lo han colocado en la vía expansiva de los cárteles colombianos, que necesitan los puertos sobre el océano Atlántico (además de Uruguay y Argentina) para la “exportación” a los centros europeos y norteamericanos. Ello le ha valido ser designado como la futura “super-potencia narco”.

Las amenazas a los intereses brasileños comprenden, entre otras, las actividades criminales de los narcoguerilleros y los traficantes de estupefacientes, la introducción ilegal de artículos (desde armas hasta explosivos) y los asaltos directos contra el medio ambiente y la economía que realizan los mineros, leñadores, pescadores y cazadores ilegales.

Desde el territorio brasileño llega el importante suministro de productos químicos necesarios para la producción cocalera. El sistema fluvial es idóneo para el movimiento de grandes cantidades de kerosene, ácido sulfúrico, potasio permanganato y acetona necesarios en el procesamiento de los cristales de clorhidrato de cocaína. La Zona de Libre Comercio en Manaus, facilita el negocio de sustancias químicas debido a la presencia de 256 empresas de importación de aquéllas, empleadas en el procesamiento de la droga. Los productos químicos legalmente importados están re-etiquetados para su entrega a laboratorios ilícitos en Colombia, Ecuador y Perú.

Una investigación realizada en el año 2000 por la Comisión Parlamentaria de Investigación Brasileña (CPI) reveló que los grandes grupos de narcotraficantes brasileños venden armas a las FARC, a través del área fronteriza, empleando las vías fluviales. Existen informes no oficiales de que las FARC han obtenido misiles portátiles desde Rusia y de Siria, agregándolos a su inventario de armas. También, los miembros de la CPI detallaron la participación de 827 oficiales brasileños, entre ellos, legisladores, magistrados, ministros, financistas y policías, que están involucrados en los negocios de armas y drogas en Brasil.

Este preocupante comercio de la narcoguerrilla a lo largo de la frontera brasileña con Colombia causó, bajo la Operación Cobra, el fortalecimiento del área fronteriza. La pequeña fuerza de policía federal del Amazonas, de 20 hombres ha sido expandida hasta 180 oficiales y su equipo incluye 18 lanchas patrulleras, dos aviones y un helicóptero. Ahora existen siete bases de la policía federal a lo largo de la frontera para detectar el contrabando que se filtra por los ríos y caminos en sus respectivas áreas de responsabilidad.

La mayor presencia del Gobierno en la región fronteriza brasileña se ha desarrollado lentamente. Sus raíces datan de la fundación del Fuerte San Francisco en Tabatinga en 1776 y, más recientemente, del Proyecto Calha Norte, de 1985, diseñado para mejorar la seguridad y desarrollo a lo largo de la frontera selvática. Hoy en día, Brasil mantiene a unos 22.000 soldados guarnecidos cerca de la frontera y cualquier concentración adicional será “para defender y salvaguardar nuestra frontera contra la agresión narcoterrorista”.

El Alto Solimões, lugar que pertenece a la región occidental del estado de Amazonas y que está protegido por un batallón de infantería de selva, mantiene algunos pelotones en puestos avanzados y un puñado de policías federales. Se ha convertido en un lugar especialmente difícil. Esta área representa los desafíos que se encuentran a lo largo de toda la frontera de la Región del Norte de Brasil.

La red de ríos que se extiende hacia el centro de las áreas productoras de estupefacientes, oro y madera de América del Sur, ha atraído a criminales hacia Tabatinga y hacia la región del Alto Solimões. La Secretaría Antidrogas en el Brasil (SENAD) sostiene que el área de Tabatinga es una ruta vital para el narcotráfico en dirección al Atlántico y por lo tanto, se ha concentrado en evitar que los narcotraficantes colombianos infiltren el Amazonas del Brasil.

Las actividades guerrilleras se han extendido hasta el interior del Alto Solimões de Brasil y se repiten a todo lo largo de la frontera colombiana, circunstancia que preocupa a Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú. Venezuela ha reforzado sus puestos fronterizos contra las acciones guerrilleras cometidas por las FARC, las unidades paramilitares del ELN y las AUC. Panamá, Perú y el Ecuador también han aumentado su presencia militar y policial en los lugares cuyas fronteras colindan con Colombia.

Por toda Colombia, los frentes de la FARC se han desplazado hacia lugares en donde se conducen actividades de producción de coca, petróleo, campos sembrados de opio, ganadería, plátano y oro. Por ejemplo, se tienen informes que el 14º Frente del bloque controla los laboratorios de cocaína en la selva peruana entre los ríos Napo y Putumayo. Estos ríos fluyen directamente al interior de Tabatinga en el Brasil, a través del río Amazonas. Generalmente, los alrededores de Tabatinga y en la región de Alto Solimões, la posibilidad de ganancia obtenida por narcotráfico, lavado de dinero y la exploración ilegal de minas de oro, han atraído a los elementos de la FARC. La amenaza de la FARC para Brasil no es nada nuevo. En febrero de 1991, una unidad guerrillera de la FARC, compuesta de 40 hombres, atacó a través del río Traíra, desde Colombia hacia el Brasil, matando a tres soldados brasileños e hiriendo a miembros de un destacamento del Ejército Brasileño que se componía de 17 hombres. El destacamento se encontraba en un puesto avanzado en el Traíra, a 400 kilómetros al norte del Cuartel General del Comando de la Frontera del Ejército del Brasil situado en Tabatinga. El ataque de la FARC fue en respuesta a los esfuerzos del Ejército Brasileño de imponer la ley y el orden en una región indígena donde se lleva a cabo la explotación ilegal de las minas de oro. La FARC ha estado extorsionando a los mineros y lanzando incursiones de corta duración contra la compañía local minera.

Las operaciones militares de cooperación entre Brasil y Colombia eliminaron a la unidad de las FARC involucrada en estas incursiones.

En septiembre de 1996, el Comando de la Frontera impuso el estado de alerta a causa de las guerrillas de la FARC en Leticia, Colombia, e informó que unos cuantos guerrilleros habían cruzado la frontera y que se adentraron en Brasil, cerca de Tabatinga. Casi 1000 soldados de CF Sol y del 8º Batallón de Infantería de Selva se desplegaron por todo Tabatinga para proteger las instalaciones militares de la frontera y el aeropuerto. El Comando Sur del Ejército Colombiano tomó medidas similares en la vecina Leticia.

Si bien la operación sólo se prolongó por dos días, sentó un precedente en lo referente al procedimiento para responder a las emergencias. Esta preparación es importante, porque el análisis de la amenaza que prepararon los oficiales de ambos Ejércitos, Brasil y Colombia, revela que la Estrategia de los EE.UU. para la Región Andina, la cual efectivamente puso presión sobre narcotraficantes de las regiones peruanas donde se cultiva la coca, ha empujado la actividad del narcotráfico hasta la cuenca del Amazonas. La policía federal cree que una gran organización de narcotráfico ha establecido su centro de operaciones en Leticia y en Tabatinga.

Hace varios años, los oficiales brasileños en Manaus y Tabatinga creían que la ola de crimen transnacional, el terrorismo de la guerrilla y el bandolerismo en la frontera, eran resultados de las operaciones de interdicción exitosas en Bolivia y Perú. A pesar de las tendencias históricas que demuestran estas actividades como asuntos de seguridad que han existido por muchos años, el Plan Colombia ahora es reconocido como otro factor que afecta los crecientes problemas fronterizos de Brasil. La actitud fuerte de Brasil en contra de la narcoguerrilla, se parece a la posición de Perú contra la guerrilla. Después de aniquilar dos distintas amenazas de guerrilla, Perú actualmente atiende a su frontera septentrional con Colombia.

Los eventos alrededor del mundo demuestran que el crimen organizado amenaza, cada vez más, a los gobiernos democráticos y sus instituciones militares. En consecuencia, los lineamientos incluidos en los manuales de campaña deberían contemplar estas nuevas amenazas.

Vastos sectores de la opinión pública brasileña están persuadidos de que su país está perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Si esto es así, no pasará mucho tiempo para que esta actividad ilegal llegue a afectar seriamente a las instituciones políticas, tal como ocurre actualmente en Colombia.

PERÚ

La mayor parte de la frontera de 1.000 millas entre Colombia y Perú, se extiende de este a oeste a través de un área de densa selva a lo largo del Río Putumayo, con el departamento colombiano de Amazonas al norte y el Departamento peruano de Loreto, al sur. Una saliente colombiana en el extremo oriental de la frontera gira repentinamente hacia el sur, alcanzando a la ciudad de Leticia, que enfrenta a la ciudad brasileña de Tabatinga. La capital de Loreto, Iquitos, está a 90 kilómetros al sur de la frontera. Sólo ha interesado históricamente a los indios y exploradores de petróleo la ancha faja de selva entre el Río Putumayo y el Río Napo en Perú, pero en los últimos años han surgido informes que indican que las FARC han estado operando campamentos de producción cocalera en el área. Esta región es tan remota, que en comparación con otras regiones fronterizas no afecta en forma significativa a las operaciones militares de las FARC, el contrabando de armas o el narcotráfico. No hay suficiente población para sostener a la guerrilla o para presentar un problema notable de refugiados, en caso que estallen hostilidades. 

De hecho, tal vez sea correcto decir que no ha habido ningún efecto colateral a lo largo de la frontera, esto es, si se ignora la indiscutida presencia de las FARC. Sin embargo, el conflicto colombiano engendró un incidente involucrando contrabando de armas de las FARC, que fue suficientemente serio para hacer caer el Gobierno del presidente peruano Alberto Fujimori en el año 2000. El jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Perú, Vladimiro Montesinos Torres, estaba implicado en una operación internacional de contrabando de armas que aparentemente entregó 10.000 fusiles de asalto a las FARC. La furia resultante y maniobras políticas, dejaron a Montesinos y a Fujimori fuera del poder y fuera del país.

Se puede anticipar que los peruanos son capaces de rechazar cualquier incursión por parte de la guerrilla colombiana, pero la limitada actividad de guerrilla que sí enfrenta Perú, se encuentra en el centro y en la parte sur del país, no en la frontera con Colombia. Las organizaciones insurgentes de Perú, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), han sido estratégicamente derrotados, quedando pequeños vestigios que ahora tratan de continuar las operaciones. De vez en cuando, con el fin de reclutar más gente SL interrumpe el movimiento libre de personas, estableciendo barricadas en los caminos de la parte norte del Valle Huallaga. Las autoridades policiales, militares y del servicio de inteligencia, han sido eficaces atacando a estos grupos y llevando a los jefes ante la justicia. El sistema judicial del Perú brega duramente con los terroristas y narcotraficantes.

La estrategia antidrogas del Perú de desarrollo alternativo y erradicación, parece estar en el camino correcto. Redujo el cultivo de coca en un 66 %, durante los últimos cuatro años. Los peruanos continuarán sus esfuerzos antidrogas sin interferencia de los acontecimientos asociados con el conflicto colombiano y enfatizarán el fortalecimiento de la interdicción fluvial y aérea y reforzarán el desarrollo alternativo, debido al aumento de los precios de coca. Los laboratorios de cocaína están ubicados generalmente en lejanas zonas orientales de Perú, donde los aviones pueden salir antes de que pueda reaccionar la Fuerza Aérea. Colombia ya no desempeña un mayor papel en el transporte de la droga desde Perú. La mayoría de las rutas peruanas mueven la droga por vías fluviales y rutas aéreas, a través de Brasil, por tierra a través de Ecuador y por mar vía el puerto de Callao, cerca de Lima.

PARAGUAY

Paraguay es el país principal de tránsito de drogas, para cantidades significativas de cocaína, en su mayor parte boliviana y es también un centro importante de lavado de dinero en América Latina (aunque sigue siendo incierta la porción de dinero lavado que puede atribuirse al tráfico de drogas).

Expertos del gobierno de Estados Unidos estiman que anualmente pueden pasar por Paraguay entre 15 y 30 toneladas métricas de cocaína dirigidas a Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. De esta cantidad estimada, en 1999 sólo se decomisaron 95 kilogramos de cocaína; más aún, sólo se efectuaron 211 arrestos de traficantes de bajo nivel de marihuana y cocaína, en su mayoría antes de abril de 1999. Paraguay es un país productor de marihuana de alta calidad. Aunque ninguna parte de ella entra en Estados Unidos, el gobierno de Paraguay decomisó cantidades sin precedentes de marihuana y erradicó 900 de las que se estima son 2.500 hectáreas de campos de marihuana. 

En julio de 1999 se aprobó un nuevo código penal, que declara delito el participar en complots. Esto permitirá encausar a los que se benefician de la actividad criminal pero no son los perpetradores materiales del crimen. Sin embargo, se requerirá un extenso adiestramiento de fiscales y jueces antes que esta nueva ley pueda aplicarse a plenitud.

El gobierno de Paraguay no alcanzó la mayoría de las metas antidrogas de 1999 de una manera que sea suficiente para la certificación plena. Desde 1995, ha estado pendiente una legislación para darles a policías y fiscales herramientas legales modernas, tales como usar informantes, controlar las entregas y realizar investigaciones secretas. La administración González Macchi sometió al Congreso paraguayo otro proyecto de la ley, pero es la tercera administración que hace lo mismo, sin que se apruebe la legislación. El gobierno de Paraguay no investigó, arrestó ni enjuició a ningún traficante de drogas importante, ni tomó medidas suficientes para impedir o castigar la corrupción pública en general, o específicamente respecto del tráfico de drogas. El gobierno de Paraguay no aplicó la ley contra el lavado de dinero de 1996, mediante el arresto o encauzamiento de los violadores. Más aún, el gobierno de Paraguay no proveyó financiamiento operativo o recursos adecuados al secretariado contra el lavado de dinero, SEPRELAD, para permitirle funcionar como organización independiente (aunque en diciembre de 1999 se aprobó un presupuesto para 2000). El gobierno de Paraguay tampoco mostró progreso en dirección del desarrollo de una capacidad investigativa y operativa contra las drogas y el crimen organizado en las regiones fronterizas.

Los acontecimientos de 1999 - que incluyeron el desafío del entonces presidente Cubas al Tribunal Supremo, el asesinato del vicepresidente Argaña, la muerte de manifestantes estudiantiles, el juicio político a Cubas y su renuncia, la sequía, el desasosiego rural y lo que se informó fue la presencia del ex general fugitivo y organizador de golpes de estado Lino Oviedo - demuestran los muchos retos que encara la democracia paraguaya. Estos también contribuyeron al desempeño insatisfactorio del gobierno del Paraguay en materia de drogas.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la DEA, (la agencia norteamericanas antidrogas) detectaron en septiembre de este año conexiones entre el narcotráfico y el terrorismo en la zona fronteriza.

Estados Unidos busca también en Paraguay posibles conexiones financieras con las organizaciones terroristas o de extremas islámicas. La embajada norteamericana en Asunción remitió a la Cancillería una lista de 40 cuentas, con nombres, apellidos y nomenclaturas de empresas o fundaciones, para una investigación financiera, según confirmó el canciller José Antonio Moreno Ruffinelli. Aclaró que estas cuentas son diferentes a las 46 cuentas de los árabes que están siendo investigadas por la Fiscalía y por la Secretaría de Prevención y Represión del Lavado de Dinero (Seprelad). “Son cuentas que el gobierno norteamericano quiere que sean investigadas en todos los países del mundo, no solo en Paraguay”, añadió el secretario de Estado. 

La Seprelad concluyó una investigación sobre 46 cuentas de árabes que están operando en Ciudad del Este y la remitió a la Fiscalía. Estas cuentas estarían moviendo alrededor de 22 millones de dólares a través del comercio y tendrían conexión con algunos grupos extremistas.

Se estima que en la zona de la Triple Frontera hay un movimiento de dinero en “negro” entre 7.000 a 8.000 millones de dólares y las operaciones comerciales llegarían a unos 12.000 millones de la misma moneda. Otros datos indican que por cada 90 días, unos 450.000 dólares estarían saliendo del circuito de la Triple Frontera.

El canciller nacional expresó la preocupación de su gobierno sobre la sospecha de que en Paraguay se estaría financiando a grupos terroristas. Admitió que en dicha zona se maneja mucha cantidad de dinero, pero que no cuenta con cifras al respecto.

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Sapena Brugada, dijo además que la Justicia de Paraguay está luchando contra el terrorismo con armas inapropiadas por la falta de una legislación específica y adelantó que en breve se remitirá al Congreso un ante-proyecto de ley, con severas penas carcelarias a las personas que tras un juicio oral y público sean halladas culpables del delito de terrorismo, para su urgente sanción y posterior promulgación. Respecto al caso de la venta de visas paraguayas a ciudadanos libaneses, el doctor Sapena Brugada opinó que el sistema de nombramiento de cónsules debe ser más estricto y eficaz para lograr el saneamiento total de los funcionarios corruptos.

Otro problema que se ha visto últimamente es el de la frontera Formosa (Argentina) – Alberdi (Paraguay). En ella no existe control alguno de embarcaciones, registro de entrada de personas, o mercaderías, y se palpa una dependencia de las fuerzas de seguridad hacia las mafias que controlan el comercio.

Fuentes vinculadas a la embajada de los EEUU en Asunción expresaron que la CIA, sigue con preocupación lo que ocurre en Alberdi, ya que los analistas entienden que a futuro podría convertirse en lo fue ciudad del Este hasta el atentado a la Amia.

La infiltración en Alberdi resulta mucho más complicada, por lo homogéneo del factor humano, reclutar siempre es posible pero infiltrar y plantar hoy es imposible. El territorio es excesivamente chico, la población es mínima, y sin embargo mueven grandes cantidades de mercadería.

Recordemos que en Paraguay y no muy lejos de Alberdi existen bases de las FARC, en Marquetalia, por ejemplo. Estos grupos se ven muy limitados por los servicios de Inteligencia tanto en Argentina como en Brasil, no así en Paraguay. En Paraguay factores de las FARC lograron infiltrar al movimiento de los sin techo, “La policía no tiene acceso al asentamiento de Marquetalia”, asegura Marín, un importantísimo dirigente. Varias agencias internacionales de noticias publicaron artículos “denunciando” que la guerrilla de las FARC había comenzado operativos militares que incluían entrenamiento militar en el Paraguay. El asentamiento está dividido en 16 bases de lo cual cada uno tiene su dirigente político y también de seguridad. La seguridad tiene su jefe, su subjefe, los cuales disponen a 10 personas a su mando. Esas 10 personas por su lado, dirigen entre 100 y 200 familias, aproximadamente. “Si sale La Marquetalia a la calle, con toda su gente, con su preparación y disciplina, se sabe que detrás sale mucha más gente, hecho que podría derrocar el gobierno. Entonces, el temor que ellos tienen por La Marquetalia es grande”, cuenta Raúl Marín, paraguayo, vicepresidente de la organización nacional de Los Sin Techo. Su esposa, también dirigente de la organización, es una Argentina, entrerriana para mayor precisión, llamada Marilina Marichal, ambos integrantes del matrimonio son abogados, lideran en La Marquetalia a unas 1.600 familias o 10.370 personas en las afueras de Asunción. Javier Calderón, representante oficial de las FARC-EP para los países en el Cono Sur, se ha entrevistado con los dos abogados, y les ha brindado consejo y apoyo. Alrededor de Asunción son ya 78 asentamientos, divididos en 15 bloques. 

Detrás de esta acción se menciona a la guerrilla colombiana de las FARC, La prueba para aquellas acusaciones es el nombre del asentamiento, que es el mejor organizado: La Marquetalia, que imita el nombre de la localidad colombiana donde nacieron las FARC. Cada colombiano conoce el nombre de la cuna de las FARC-EP; el pequeño pueblito en el departamento de Tolima, lugar donde en mayo de 1964, 16.000 infantes, aviones con asesoramiento norteamericano lanzaron la ofensiva contra los 48 campesinos dirigidos por el entonces legendario guerrillero de la década '50, Manuel Marulanda Velez.

En la frontera, los controles físicos no existen, no se revisa a nadie, en ninguna de las dos orillas, una ojeada a los bolsos y listo. No hay perros, no hay detectores ni arcos, no hay fotografías ni videos, por supuesto que no hay cámaras Gessel, ni agentes de inteligencia con formación de fronteras y puertos operando in situ.

En la ciudad de Alberdi, funciona un mercado similar a los que existen en Ciudad del Este, electrónicos, ropa trucha, celulares, perfumes, etc. Cuando uno pregunta por algún electrónico de dimensiones importantes, recibe dos respuestas una el precio y otra puesto en Formosa, ellos garantizan el contrabando y la posibilidad de recibirlo en Territorio Argentino.

Si este comercio comienza a operar a favor de grupos vinculados al terrorismo o al narcotráfico como sostén y soporte de actividades operativas, no será solo el contrabando la actividad principal que se canalice a través de esta frontera. Los movimientos tanto de elementos como de personas, encuentran en esta frontera una libertad sin límites, que actividades como el narcotráfico o el terrorismo necesitan para desarrollarse.

TRIPLE FRONTERA

Al intensificarse en el mundo el temor de que se registren nuevas agresiones del terrorismo internacional, ha crecido en nuestro país una lógica y gran preocupación por las vulnerabilidades que presenta el sistema de controles fronterizos.

En nuestro país existen muchos pasos fronterizos en los que el control de las personas que ingresan en el territorio nacional o egresan de él, no ha sido todavía informatizado. Al problema suscitado por la falta de una red informática que cubra 

todos los flancos del movimiento fronterizo, hay que sumar las dificultades que se plantean, en algunos casos, por falta de unidad de criterio entre los diferentes organismos que intervienen en los distintos pasos migratorios. El sistema de control fronterizo “en la Argentina, vale aclararlo, no es inferior al de países vecinos. En la Triple Frontera, por ejemplo Brasil y Paraguay, mantienen controlen nulos o casi nulos aún después del atentado del 11 de septiembre” (La Nación 8/10/01).

Washington advirtió a nuestro país su preocupación por la Triple Frontera, ya que teme que extremistas islámicos radicados en el Cono Sur apoyen financieramente a Ben Laden.

Por su parte el embajador Francis Taylor, coordinador de contraterrorismo en el Departamento de Estado, afirmó que en la zona fronteriza que comparten la Argentina, Brasil y Paraguay, operan como mínimo tres grupos. Por esa razón expuso la intención de trabajar con los gobiernos de la zona.

Taylor mencionó al Hezbollah (organización creada en El Líbano con vínculos con Irán, que fue acusada de haber planeado los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA en la Argentina); Al Gamaat (grupo egipcio que intentó asesinar al presidente Hosni Mubarak y que según los norteamericanos tiene vínculos con Ben Laden) y Hamas (movimiento de resistencia palestino concentrado en Gaza). Taylor informó que estas organizaciones recolectan dinero y hacen proselitismo entre la amplia comunidad de expatriados de Medio Oriente que vive en la Triple Frontera y también en la Isla Margarita de Venezuela”.

Aseveró que en la zona falsifican documentos, lavan dinero, contrabandean armas, y trafican drogas. Consideró que “el tamaño y la naturaleza de estos grupos pueden señalar la existencia de células clandestinas de apoyo que podrían ser activadas para conducir ataques terroristas en cualquier parte de la región.”.

Importantes funcionarios del Ministerio del Interior consideraron como un problema el sistema de seguridad establecido por Brasil. La Argentina pone énfasis en el registro migratorio de los países fronterizos, mientras que Brasil tiene un operativo más en profundidad de su territorio e instala controles en las rutas a varios kilómetros de Foz de Iguazú. Ese colchón de seguridad sirve a sus intereses, pero para la opinión argentina afecta la región en común.

La actividad terrorista ha transformado en una tarea prioritaria el control de aquellas zonas que por sus antecedentes y características son fuentes de inquietud. En este sentido, es muy bien conocido por todos que la Triple Frontera es una de las áreas más riesgosas, ya que es un foco de actividades ilegales donde además, viven adherentes al fundamentalismo islámico. Por estos antecedentes es imprescindible que allí se extremen las medidas de seguridad.

Si bien es cierto que las autoridades argentinas han comenzado a reforzar la vigilancia en el espacio que está bajo su jurisdicción, aún resta la concreción de una mayor coordinación con las fuerzas de seguridad de los restantes países fronterizos. Este objetivo es un urgente desafío presentado a la región por la guerra global, y constituye el eje del grupo permanente de trabajo contra el terrorismo que han conformado los expertos en inteligencia de los países miembros del Mercosur. 

Fue el drástico cambio de la situación internacional tras los atentados terroristas contra los Estados Unidos lo que impuso rápidamente una revalorización de la agenda política y de seguridad de la región. Nuestros países han avanzado en desmantelar factores conflictivos pero se han visto, al mismo tiempo, acuciados por otros igualmente graves como el contrabando, el narcotráfico y la vulnerabilidad a posibles actividades terroristas.

El MERCOSUR debe ahora mostrar su eficacia funcional como espacio de definición de políticas comunes en materia migratoria, de defensa y seguridad, sobre todo en las zonas más calientes como la Triple Frontera o las áreas limítrofes de Paraguay.

Debe recordarse que en el triángulo formado por Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), viven casi quince mil musulmanes y ya hay detectadas personas vinculadas a los grupos fundamentalistas. Desde hace varios años es el epicentro de una significativa actividad ilegal vinculada al tráfico de droga, el comercio de armas de todo tipo y al lavado de dinero. Es inmenso el flujo financiero que resulta del tráfico ilegal, y está comprobado que gran parte de esos ingresos se destinan al financiamiento de grupos extremistas.

Nuestro país ha padecido dos ataque terroristas, y tanto en la destrucción de la Embajada de Israel como en el caso AMIA, los terroristas habrían encontrado apoyatura en la Triple Frontera. A pesar de las diferentes pistas obtenidas, nunca se profundizó la investigación en la zona, ni tampoco se adoptaron medidas como para modificar la realidad de la región.

Por esto, en el actual contexto de guerra global, el conjunto de factores riesgosos que se conjugan en la Triple Frontera obligan a la adopción de una estrategia de seguridad firmemente sostenida por los diversos países implicados.

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