SERVIR Y PROTEGER

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"Tiempo que pasa, verdad que huye" Edmond Locard (1877 - 1966)

domingo, 17 de agosto de 2008

ABORTO Y DERECHOS HUMANOS


Con el cuestionable propósito de ampliar la lista de abortos no punibles, extendiéndola en ciertas iniciativas a todos los casos de violación, se han presentado diferentes proyectos en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nuestro Código Penal determina que los abortos no serán punibles en dos circunstancias: cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de la madre, y cuando el embarazo sea el resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental.

Las legisladoras porteñas Gabriela Alegre y Diana Maffía, y el diputado Pablo Failde pretenden que se emplee una interpretación más amplia, de tal modo que se contemplen todos los casos de violación, sin importar la condición de la mujer embarazada.

Las dos primeras iniciativas admiten esa alternativa aun cuando no existiera denuncia ni estuviera certificada la comisión del delito.

La introducción del llamado "aborto eugenésico" se fundó en doctrinas racistas en boga en 1919 y en la ignorancia médica sobre aspectos de la reproducción de mujeres con discapacidad. La idea era evitar que de una mujer "idiota o demente" naciera "un ser anormal o degenerado", según se expidió en aquella época la Comisión de Códigos del Honorable Senado de la Nación.

Los fines de perfeccionamiento de la raza que inspiraban dichas normas condujeron a los mayores crímenes de lesa humanidad que registra la historia, acaecidos en la Alemania nazi.

No sólo es científicamente inexacto el aserto, sino que implica una de las peores formas de discriminación hacia las personas con discapacidad, además de una violación del derecho a la vida consagrado por la Constitución Nacional, el Código Civil y todos los tratados internacionales suscriptos en el país, incluida la Convención para los Derechos del Niño, que defienden ese principio y protegen a las personas diferentes respetándolas en su dignidad humana.

Se sobreentiende que también resulta violatorio de las convenciones para la protección de los derechos humanos, ya que la vida es el primero y principal de todos los derechos humanos, sin el cual ningún otro es posible.


No hace muchos años, el entonces defensor de menores de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Alejandro Molina, detuvo con un recurso de amparo la decisión médica de practicar un aborto a una joven con discapacidad mental que había sido objeto de violación en un instituto, argumentando a favor de sus representadas, la incapaz y la persona por nacer que llevaba en su seno.


La criatura, que nació perfectamente normal, fue dada en adopción y vive felizmente junto a sus padres. El caso es por demás ejemplificativo del absurdo de esta legislación.


Llama la atención que sean mujeres enroladas en la denominada corriente progresista, en general firmes defensoras de los derechos humanos, las que alienten esta clase de proyectos. Porque precisamente de defender los derechos humanos se trata.


El aborto implica la desaparición forzada de un ser humano que debería ser defendido por su madre, un ser humano que termina siendo arrojado a la basura, sin nombre ni identidad y sin madres que breguen por sus derechos.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado claramente a favor de la protección integral del derecho a la vida, desde el momento de la concepción en el seno materno. A partir de los avances actuales de la ciencia y la tecnología, ya no hay ninguna duda de que la concepción, y el consiguiente nacimiento de un nuevo ser humano, se produce en el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo. A partir de allí hay una persona viva, un ser humano distinto, único e irrepetible.


Estos intentos legislativos pretendidamente fundados en el derecho de la mujer a suprimir la vida, sobre la base de que su voluntad fue avasallada por una violación, son de un individualismo tal que justifican la supresión de la vida por el acto bárbaro de un tercero.


A quien habría que reprimir severamente es al violador, creando los Registros que se reclaman, aumentando las penas y no dejando salir de la cárcel a recurrentes y reincidentes violadores para que repitan sus hazañas, como lo registran con frecuencia las crónicas policiales.


Nadie puede obligar a la madre violada a quedarse con el hijo no querido; tan sólo se le pide que no lo mate, que no suprima la vida en gestación. Esto es la dignidad humana, no la negación del hecho lamentable, pero ya acaecido. Un mal no se remedia con otro mal aún más grave: si a la violación sigue la muerte del niño, se estaría duplicando el daño, al matar a un ser inocente.


Hace unos días LA NACION publicó una nota sobre el doctor Bernard Nathanson, llamado el "padre del aborto" en los Estados Unidos, responsable de 75.000 abortos, quien arrepentido de su error dejó de practicarlos, y dijo: "Llegué a la conclusión de que no había nunca razón alguna para abortar, la persona en el vientre es un ser humano vivo, y no podemos seguir haciendo la guerra a los seres humanos más indefensos".


Simone Veil, que introdujo en Francia la despenalización del aborto, acaba de declarar el 14 de junio pasado que "cada vez es más evidente, científicamente, que desde la concepción se trata de un ser vivo".


Es pues necesario hacer comprender a estos legisladores y a quienes ponen la ideología por encima de la realidad y de la humanidad, que no están defendiendo a la mujer ultrajada, sino que están deshumanizando a la sociedad que, según esa particular concepción, no puede soportar un atropello y castigarlo, y entonces decide cometer un nuevo crimen.


No puede admitir la eliminación de la vida de un inocente. Implicaría un retroceso en la evolución ética del hombre y volveríamos al monte Taigeto, desde donde los espartanos arrojaban a los recién nacidos con malformaciones, en lugar de avanzar hacia Teresa de Calcuta, que pedía que le dieran a los niños que iban a matar.

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