SERVIR Y PROTEGER

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"Tiempo que pasa, verdad que huye" Edmond Locard (1877 - 1966)

jueves, 17 de julio de 2008

TRABAJA PERO SEGURO


La prevención real de los riesgos laborales es una asignatura pendiente, no sólo de las empresas, sino también de los trabajadores. Saben los lectores que en esta sección solemos destacar la tendencia generalizada a buscar excusas para derivar la responsabilidad de nuestras acciones y omisiones hacia terceros.



Pero también es cierto que en multitud de ocasiones el factor que desencadena un suceso es sólo la gota que colma el vaso. Por ejemplo, a veces no se sabe si un accidente se ha producido por circular a una velocidad inadecuada o porque la carretera está mal señalizada o en mal estado.



De ahí que las políticas preventivas generalmente nos parezcan adecuadas con el fin de evitar consecuencias no deseadas. Para el caso en que, a pesar de todo, se produzca algún percance, también queda regulada la cascada de responsabilidades que concurren en una acción.



Según un arraigado y antiguo principio jurídico que queda plasmado en nuestras leyes en el artículo 1902 del Código Civil, el que causa a otro un daño en el que intervenga una culpa o negligencia está obligado a repararlo.



La culpa o la negligencia se pueden valorar indeterminados –como el deber del cuidado objetivamente debido, o el de ejercer el trabajo conforme a la lex artis– o según exigencias concretas –el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por las leyes y reglamentos–.



Las consecuencias legales de dicha culpa y el resultado del daño pueden evaluarse jurídicamente y derivar en la exigencia de responsabilidades civiles, penales y administrativas. La seguridad y la higiene en el trabajo y la prevención de riesgos laborales, más allá de ser meros trámites reglamentarios para pasar una inspección rutinaria, se han convertido en una piedra angular de consecuencias jurídicas multidireccionales, y exigen un compromiso real de todos los actores del escenario laboral para lograr su efectividad.



Si bien es cierto que en España hay una Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde 1995, las estadísticas revelan que en nuestro país se producen más de 1.000 muertes al año como consecuencia de los accidentes de trabajo. Se esgrimen muchas razones para explicar –que no justificar– la elevada siniestralidad laboral.



Entre otras, la falta de especialización, la precariedad de los contratos o la dificultad de integración de la mano de obra extranjera, razones sin duda reales que contribuyen a generar un escenario en el que el riesgo, de por sí presente en todas las facetas de la vida, se hace más presente.



Si a esto, además, añadimos el hecho de que algunas empresas incumplen la ley para no lastrar su cuenta de resultados, tenemos ante los ojos un panorama desolador.



Pues bien, para despejar dudas, debe señalarse que en materia de prevención de riesgos laborales la obligación empresarial es una obligación de medios y no de resultado, por lo que el empresario sólo cumplirá con su obligación genérica si cumple todas y cada una de las obligaciones específicas en las que aquella se concreta.



Debe poner todos los medios necesarios para que no haya daños, aunque estos finalmente se produzcan. En sentido contrario, faltará a su obligación genérica si elude alguna de las obligaciones específicas, aunque no se produzca un resultado dañoso.



En consecuencia, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de la infracción.



Las administrativas consisten, principalmente, en multas que oscilan entre los 40 y los 819.780 euros, pero las penales implican más que sanciones económicas. Quienes violen las normas de prevención de riesgos laborales y, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, y pongan en peligro grave su vida, su salud o su integridad física, serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses.



Todo esto, sin tener en cuenta las consecuencias del resultado dañoso que pueda producirse, que en su caso podrá dar lugar a la comisión de otros delitos, como lesiones u homicidio, y a la exigencia de indemnizaciones y recargos en las prestaciones de la Seguridad Social.




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